Castilla y León forma parte junto a Galicia, Asturias yCantabria de este proyecto aprobado por la Comisión Europea y que tiene comofinalidad analizar y aportar soluciones de impacto económico para eldespoblamiento rural. Mediante la asistencia técnica de la OCDE -Organizaciónpara la Cooperación y Desarrollo Económicos- se estudiarán aspectos como eltransporte, el emprendimiento, las infraestructuras tecnológicas y laprestación de servicios y se plantearán recomendaciones para los gobiernosautonómicos participantes. El evento celebrado hoy de manera telemática hacontado con una intervención inicial de la vicepresidenta de la ComisiónEuropea para la Democracia y la Demografía, Dubravka Suica, y posteriormente sehan sumado los turnos de Francisco Igea y de otros representantes políticos delresto de comunidades autónomas, de la Comisión Europea y de la propia OCDE; lavicepresidenta y ministra Teresa Ribera no ha participado –pese a estarprevisto- y sí ha intervenido por parte del Gobierno de España Francesc Boya,secretario general para el Reto Demográfico.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León harecalcado que “podemos estar ante la última oportunidad para que las zonasrurales se vean beneficiadas de los fondos europeos, se trata de un retoesencial para Europa y nos enfrentamos ante la desafección del mundo ruralhacia el proyecto europeo”. Por ello, también ha sostenido que los fondos NextGeneration UE no pueden pasar por encima del reto demográfico y ha manifestadoque es urgente que el fenómeno de la despoblación se tenga en cuenta en los futurosproyectos europeos del Next Generation EU. “La perspectiva demográfica debeincorporarse a todas las políticas públicas para afrontar este problema deprimera magnitud que es el Reto Demográfico”, ha afirmado el vicepresidente.
Digitalización del medio rural y la necesidad de prestarservicios al territorio
En consonancia con los planteamientos ya expuestos en otrosforos políticos, Francisco Igea ha recordado la peculiaridad de Castilla y Leóncomo comunidad afectada por la despoblación y la dispersión, con la complejidadque esto supone para la prestación de servicios en un territorio; en el caso deCastilla y León, destinando más de un 80 % de su presupuesto al gasto social.El reto demográfico requiere, ha indicado Igea, de una financiación que no debedistribuirse por criterio de población para prestar servicios al territorio–poniendo como ejemplo su digitalización- y no exclusivamente donde está lapoblación, pues con ello se penaliza a dichas áreas despobladas y dispersas.
Además el vicepresidente de la Junta ha manifestado que laprestación de servicios no es suficiente, por lo que una de las soluciones pasapor la innovación y para que las personas permanezcan o se trasladen al mediorural son necesarias –junto con la financiación adecuada- una fiscalidadventajosa y políticas educativas que favorezcan el emprendimiento.
Esta jornada ha continuado con cuatro sesiones de trabajotemáticas sobre prestación de servicios en zonas rurales; digitalización de laprestación de servicios y cambios en la previsión modelos; gobernanza ycoordinación entre diferentes niveles de gobierno, organizaciones públicas yactores de la sociedad civil; y emprendimiento social y promoción del empleo einnovación en zonas rurales.
Observaciones de Castilla y León al borrador deEstrategia Nacional frente al Reto Demográfico
La Conferencia Sectorial de Reto Demográfico celebrada elpasado 20 de noviembre concluyó sin acuerdo entre el Gobierno de España yvarias comunidades autónomas una vez analizado el borrador de EstrategiaNacional frente al Reto Demográfico, por lo que se abrió un plazo paraincorporar observaciones. El vicepresidente y consejero Francisco Igea remitiónuevamente, este viernes 27 de noviembre, los planteamientos de la Junta deCastilla y León por considerarlos fundamentales para la Comunidad y no verlosreflejados en el documento propuesto por la Vicepresidencia y Ministerio parala Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En primer lugar, el Gobierno autonómico de Castilla y Leónindica que en el objetivo general de la Estrategia debe hacerse referenciaexpresa a la “fijación, integración, incremento y atracción de la población enEspaña”, dado que el país -y sobre todo, la España del interior- debe tenercomo objetivo general dejar de ser una zona despoblada, y ello solo se consiguecon la fijación, el incremento y la atracción de la población.
Otra consideración destacada es la reformulación de losobjetivos transversales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico,que para la Junta de Castilla y León han de ser los cuatro siguientes: avanzaren la cohesión territorial para conseguir lograr un territorio donde laigualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de losciudadanos sea una realidad; asegurar la prestación de servicios públicosbásicos en condición de equidad, teniendo en cuenta, principalmente, ladispersión de la población; poner en valor el mundo rural con especialrelevancia en las zonas demográficamente desfavorecidas; y garantizar una plenaconectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda anchay de teléfono móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda DigitalEuropea 2020. En relación con algunas de las acciones concretas que debenrecogerse, el vicepresidente Igea ha reiterado al secretario general de RetoDemográfico, Francesc Boya, que deben incluirse la simplificación normativa yadministrativa, el impacto y la perspectiva demográfica y la descentralizaciónterritorial de los órganos centrales del Estado.
Un tercer bloque de propuestas se refiere a la financiación,con cinco cuestiones específicas. La primera se refiere al compromiso de lasAdministraciones públicas competentes en la materia para que dediquen desde el0,7 % hasta el 3 % de su presupuesto a la lucha contra la despoblación en elperiodo de vigencia de la Estrategia. Otra, el compromiso de dedicar lacantidad anunciada por la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera de los FondosEuropeos de Recuperación y Resiliencia (2.500 millones de euros) a las zonasafectadas en materia de despoblación, dispersión territorial y retodemográfico.
Dentro también de las demandas en materia de financiación,la Junta de Castilla y León plantea el compromiso de las Administracionescompetentes de establecer una fiscalidad diferenciada de las definidas comozonas escasamente pobladas y zonas muy escasamente pobladas, para atraer yconsolidar empresas y particulares y mitigar el riesgo de despoblación. Dichafiscalidad diferenciada debe incluir una reducción de un 50 % de la cuotaíntegra de las principales figuras impositivas de trabajadores y empresas;tarifas planas en cuotas de autónomos; deducciones y/o reducciones del 25 % enel impuesto de las personas físicas o jurídicas asentadas en un determinadoterritorio; y compensación por la absorción de las emisiones de CO2.
La creación de un Fondo específico de dinamizacióndemográfica interterritorial y que los recursos económicos que se asignen a ladespoblación tengan en cuenta no solamente el PIB per cápita, sino otros criteriosvinculados a la despoblación constituyen otras dos de las demandas de Castillay León para esta Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Al respecto deesos criterios, el vicepresidente Francisco Igea ha señalado evolución de lapoblación -pérdida intensa y constante-, dispersión territorial, envejecimientoy sobreenvejecimiento, inmigración, refugiados y exiliados, caída de lanatalidad, emigración de la población joven y adulta y facilidad para elretorno de los jóvenes.
El seguimiento y la evaluación de la Estrategia Nacionalfrente al Reto Demográfico es el cuarto epígrafe que se señala en la misiva alGobierno de España. La Junta de Castilla y León expone que deben completarse,para cada uno de los objetivos propuestos y de las acciones en que sedespliegan, tanto el seguimiento como la evaluación. Estos indicadores deberánser, mayoritariamente, cuantitativos, de tal modo que sea perfectamenteevaluable cada uno de los objetivos y acciones propuestos; fijándose, además,una evaluación intermedia bienal.
Un quinto bloque de consideraciones se centra en lanecesidad de aclarar y definir en el glosario utilizado en la Estrategia lossiguientes conceptos: que por índice de sobreenvejecimiento se defina elporcentaje que representa la población mayor de 80 años sobre la poblaciónmenor de 16 años a 1 de enero de un año dado; que por “zona con baja densidadde población” se refiera a la agrupación de entidades locales limítrofes conuna densidad de población inferior a 12,5 hab/Km2; que una “zona con muy bajadensidad de población” sea aquella agrupación de entidades locales limítrofescon la densidad de población inferior a 8,5 hab/Km2; y que “zona fronteriza”reconozca a toda agrupación de entidades locales limítrofes distantes 25 Km enlínea recta desde la frontera.
La carta remitida al Gobierno de España concluye con unaserie de compromisos que el Gobierno de España debe asumir en la EstrategiaNacional frente al Reto Demográfico: fijar los criterios para la delimitaciónde zonas con baja densidad de población, zonas con muy baja densidad depoblación, y zonas fronterizas; elaborar un mapa de dichas zonas; realizar losestudios necesarios para conocer los beneficios del mercado del carbono porcomunidades autónomas y provincias; y tener en cuenta como criterio definanciación por el fenómeno de la despoblación de las CCAA la compensación delas emisiones de CO2.