El Consejo de Ministros aprobó este martes la prórroga hasta el próximo 31 de octubre de las medidas del llamado ‘escudo social’ que expiraban el 9 de agosto, con la esperanza de que los indicadores sanitarios de la pandemia mejoren hasta el punto de hacer innecesaria una nueva extensión cuando venza la actual.
Así lo atestiguó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien explicó que, ante la persistencia de las consecuencias sociales derivadas de la pandemia, el Gobierno considera necesario mantener las medidas de protección existentes para los colectivos más vulnerables.
De este modo, con el fin de garantizar el suministro de agua, electricidad y gas natural, se mantienen las medidas de protección de los consumidores más vulnerables, con el fin de reducir el fenómeno de la pobreza energética.
También permanece en vigor temporalmente la definición ampliada de “consumidor vulnerable”, a los efectos de la percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a la interrupción del suministro.
En materia de vivienda, continúa la suspensión temporal de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional. Además, se mantiene la posibilidad de solicitar la prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.
Por su parte, los arrendadores y titulares de viviendas afectados por esta suspensión extraordinaria podrán solicitar la compensación hasta el 30 de noviembre, lo que supone la modificación del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 para poder hacer frente a estas compensaciones.
Al mismo tiempo, se extiende la posibilidad de que los arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad soliciten la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, es decir, una persona física con más de diez viviendas.
En cuanto a las medidas aplicadas en la lucha contra la violencia de género, persiste la consideración de servicios esenciales para la protección y asistencia a las víctimas.
De este modo, las Administraciones Públicas competentes seguirán adoptando todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la prestación, entre otros, del servicio de acogida, de información o de asesoramiento jurídico 24 horas a las víctimas de violencia género, con el apoyo al personal que presta servicios de asistencia social integral a las víctimas.