De esta forma, Alonso explica: “A un funcionario adscrito a ese Servicio Territorial se le encomiendan realizar determinadas funciones en varios pueblos de esta provincia con motivo de las elecciones a Cámaras Agrarias. En concreto, lo designan para repartir 27 notificaciones en 7 pueblos durante 3 días distintos. Dada la lejanía de las localidades a los que tenía que desplazarse desde Zamora capital pero la proximidad entre ellas, el funcionario, una vez puesto en carretera, decide realizar todo el trabajo en un solo día. El empleado público regresó por la tarde, satisfecho de haber cumplido con todo el trabajo en una sola jornada, con el consiguiente ahorro de combustible y tiempo, en definitiva, con el consiguiente ahorro económico. Obviamente, el funcionario tuvo que hacer un descanso a mediodía para comer y generó un gasto denominado media dieta, por un importe de 14,11 euros. Cuando el funcionario solicita al Jefe de Servicio Territorial de AyG el pago de los gastos ocasionados por manutención (14,11 euros), éste se los deniega argumentando que si hubiera realizado su trabajo en 3 días, regresando antes de las 14 horas, no hubiera generado ese gasto”.
A partir de ahí, sigue explicando la presidenta Rosa María Alonso: “El funcionario solicita mediación de esta Junta de Personal, quien hace un informe favorable al cobro de la media dieta e insta al Jefe de Servicio Territorial a que se le abonen los 14,11 euros. Pero el Jefe de Servicio hace caso omiso y continúa en su negativa por lo que el empleado público reclama al Secretario General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que también se lo deniega. Entendiendo que ha sido injustamente tratado, el funcionario pone la situación en conocimiento del Procurador del Común, que le da la razón, resolviendo que la actuación del funcionario ha sido correcta y que el Servicio Territorial tiene que abonarle la media dieta. Pero la Consejería de AyG se niega a acatar la resolución del Procurador del Común y resuelve en contra, negándole el abono de los 14,11 euros”.
Así pues, agotada la vía administrativa, al funcionario sólo le queda la vía del juzgado de lo contencioso administrativo. Según Alonso, el trabajador “presenta la demanda judicial y el juez le da la razón, mediante sentencia sin posibilidad de recurso dada la cuantía de lo reclamado. Ahora el S. T. de Agricultura y Ganadería tendrá que pagarle los 14,11 euros, más otros 200 euros por las costas del juicio (que salen del bolsillo de todos los ciudadanos), más el trabajo y el tiempo de los servicios jurídicos de esta Administración…”
Ante esto, La presidenta de la Junta de Personal Funcionario de Servicios Territoriales de Zamora, Rosa Mª Alonso Fernández se pregunta: “¿Quién debería pagar los costes derivados de la sinrazón de los “Jefes”? ¿Quién le pide responsabilidades al Jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería? ¿Tendría que responder de estos sobrecostes generados el Jefe de Servicio Territorial con su patrimonio personal?”.