La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera “injustificable que a estas alturas de año, los empleados públicos todavía no sepamos que va a pasar con nuestras retribuciones en 2017”.
El presidente del sindicato, Miguel Borra, exigió en rueda de prensa al Gobierno que convoque la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar la subida retributiva y la oferta de empleo público para 2017.
CSIF considera difícilmente explicable que no sepamos qué va a pasar con la oferta de empleo público del año que viene, máxime cuando la crisis se ha llevado por delante cerca de 170.000 puestos de trabajo de empleados públicos: “nuestros médicos, maestros, profesores o jueces. Los ciudadanos españoles se merecen los servicios públicos con una calidad suficiente y necesaria y eso pasa porque las plantillas estén racionalizadas y se ajusten a las necesidades de los ciudadanos”, aseveró Miguel Borra.
En el caso concreto de la Administración Pública Estatal, se han perdido un total de 72.707 empleos desde julio de 2010 (un 12 por ciento de la plantilla) y se sitúa en el mínimo histórico de la serie estadística con 527.801 empleos.
Por este motivo, CSIF reclama al Gobierno y al conjunto de los grupos parlamentarios un acuerdo para evitar el colapso de nuestra Administración, aprobando una oferta de empleo público urgente que acabe con la tradicional tasa de reposición y que se cubran todas las bajas por jubilación.
Además, se da la circunstancia de que 119.174 personas tiene más de 50 años y de estos más de 27.000 se encuentran ya a las puertas de la jubilación, con lo cual el problema de falta de personal se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible.
Esta situación afecta a las plantillas de los ministerios y organismos autónomos, centros penitenciarios, Seguridad Social, Patrimonio Nacional, Agencia Tributaria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, y Administración de Justicia.
La situación más grave afecta a la Administración del Estado, pero la reducción de personal es general. Así, entre julio de 2011 (periodo en el que se tocó techo a nivel de empleo público) y julio de 2016 (último periodo analizado), se han perdido 167.280 empleos en Adm. Central, comunidades autónomas, Administración Local y Universidades.