El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha recopilado varias sentencias en las que están involucrados distintos empleados municipales y en las que el regidor fue acusado de acoso laboral y, tras finalizar estos casos, Guarido ha querido señalar que “Una vez que ha pasado todo esto, creo que estoy en mi derecho de decir que el realmente acosado soy yo”.
El alcalde, en un comunicado, ha hecho hincapié en que comprende que la decisión de abrir expedientes disciplinarios en el Ayuntamiento “ha sido en este periodo excepcional, pero he tenido motivos para ello, sufriendo un gran desgaste en lo personal. Otros también pudieron hacerlo, pero no se atrevieron o miraron para otro lado”.
Sin embargo, Guarido cree que fueron necesarios por muchos motivos. “Cada cual diferente, pero que se han canalizado bien para intentar evitar para muchos años, la corrupción y las irregularidades administrativas que han hecho perder mucho dinero al Ayuntamiento, que por otra parte intentamos recuperar en los juzgados. O para decirle a alguno, por muy alto cargo que sea, que el alcalde ha de ser respetado en sus decisiones y en su función representativa”.
Así, el alcalde finaliza señalando que “el deber político es una obligación moral. Algunos, que nunca imaginamos que tendríamos estas responsabilidades por encargo del pueblo de Zamora, pensamos así”.
El alcalde ha relatado brevemente las sentencias a las que se refiere y que pasamos a reproducir a continuaión:
Hace unos días se recibía en el Ayuntamiento una sentencia de mayo de 2022 del TSJ -que confirmaba una Sentencia del Juzgado de Zamora- que dice que el Interventor Municipal no sufrió acoso laboral de ningún tipo, tal y como viene denunciando hace años. El concepto “acoso laboral” se traduce en demanda por “vulneración de derechos constitucionales”, que es como se llama realmente. Y ello después de la apertura de un expediente disciplinario derivado de sus manifestaciones públicas vejatorias para sus compañeros de trabajo y para mí, y que está pendiente de resolver (sentencia remitida en días pasados). La Sentencia aludida acaba diciendo:
“Pues bien, analizados los hechos expuestos por el recurrente desde la preceptiva que nos da la anterior jurisprudencia concluimos que no cabe apreciar la situación de acoso laboral denunciado. Son múltiples las quejas, recursos y denuncias presentados por el actor contra otros funcionarios del Ayuntamiento y el alcalde, así como también son múltiples las quejas realizadas por determinados funcionarios municipales frente al actor; intercambio de denuncias y quejas que lo que denotan es un tenso y mal clima laboral que no se traduce en una situación de acoso laboral al recurrente.”
En las dos Sentencias se condena en costas al Interventor Municipal.
En octubre de 2021 también el TSJ confirma una Sentencia del Juzgado de Zamora resolviendo con relación al ex jefe de Parques y Jardines que no ha habido de ninguna manera vulneración de derechos constitucionales sobre él, ni acoso laboral, por las medidas tomadas por mí al tener conocimiento de indicios de corrupción en su labor funcionarial. Y ello después de la apertura de un expediente disciplinario cuyo resultado se verá en el Juzgado de lo penal. La Sentencia acaba diciendo en resumen:
“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación por interpuesto por D. Alberto Vega Vicente, frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. Uno de Zamora de 13 de noviembre de 2020, debiendo estarse a la parte dispositiva de dicha sentencia en cuanto a la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, todo ello con imposición de las costas de esta segunda instancia a la parte apelante, en la cuantía máxima por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, de 1.000 euros”
En octubre de 2021 conozco una demanda en el Juzgado de lo Social del ex coordinador de Medio Ambiente por “tutela de derechos fundamentales por mobbing y acoso laboral”, también contra mí. Y ello una vez que se abre un expediente disciplinario derivado de sus quehaceres laborales en la gestión de los servicios. Al jubilarse anticipadamente se retiró la demanda y no hubo pronunciamiento del Juzgado.
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