La precariedad laboral se ha convertido en un obstáculo paralas fiscalías de la Comunidad a la hora de investigar los accidentes laborales,dado que a factores como las subcontratas se ha unido la presión del actualmercado de trabajo, que provoca que en muchas ocasiones las víctimas exculpen alas empresas.
Según se recoge en la Memoria de la Fiscalía de Castilla yLeón, presentada hace unos días durante el acto de inauguración del AñoJudicial 2020-2021 por el fiscal jefe de la Comunidad en funciones, EmilioFernández Rodríguez, a los problemas para averiguar las circunstancias delaccidente cuando no se da cuenta inmediata a la Inspección de Trabajo o a lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad, se suman las dificultades para localizar a lospropios trabajadores lesionados o a los testigos, especialmente los de origenextranjero, por lo que muchas veces no se puede contar con su declaración ensede judicial ni en el momento del enjuiciamiento de los hechos.
La más contundente es la Fiscalía de Segovia, desde donde seapunta a un cambio en la actuación procesal de las víctimas quienes, “sin dudapresionadas por la actual situación del mercado laboral y de precariedad en elpuesto de trabajo, no denuncian los hechos, ofrecen explicaciones claramenteexculpatorias respecto a la empresa, no reclaman contra la misma, o ni siquieraquieren ser reconocidos por el médico forense cuando son citados por el juzgadoa causa de lesiones, incluso cuando éstas son de una cierta entidad como en elcaso de amputaciones, o lesiones con secuelas permanentes”.
Por su parte, desde la Fiscalía de Valladolid llama laatención sobre el dato de que cada vez más se observa que las víctimas sonciudadanos extranjeros búlgaros y rumanos, lo que plantea la necesidad derealizar prueba anticipada con los mismos pues, si son indemnizados concarácter previo a la vista, suelen regresar a sus países siendo imposible suretorno para dicho acto.
Desde la Fiscalía de León se resalta el problema de laalegación por parte del lesionado de que su situación en el momento delaccidente era la de falso autónomo. Se trataba de casos en que, si bien en elinforme de la Inspección de Trabajo se hacía constar que se trataba detrabajador autónomo, en el procedimiento judicial su representación alegaba, y aportabadiferentes pruebas, que realmente estaba desarrollando un trabajo por cuentaajena. Se han dado estos casos en el sector del transporte y también enEmbutidos Rodríguez.
Incremento de la siniestralidad
Las fiscalías de la Comunidad también constatan que, comoconsecuencia de una mejora de la sis actividad económica, en el año 2019volvieron a incrementarse los accidentes laborales en Castilla y León y, enconcreto, en sectores como la construcción. Así, mientras el número de causaspor homicidio en accidente laboral se mantienen en 14, aumenta de nuevo, y deun modo muy importante, la cifra de los delitos de lesiones al pasar de los1.450 de 2018 a los 2.099, lo que representa un 44,7 por ciento más.
No obstante, se argumenta que en algunas provincias comoLeón, donde el fin de las actividades de la minería y de las centrales térmicasno han sido sustituidas por otras industrias, está provocando, además del hechode que tengan que emigrar de la provincia muchos profesionales formados y ladesaparición de muchas empresas, la subsistencia de otras de pequeño tamaño ysin recursos para realizar el necesario gasto en prevención y medidas deseguridad, lo que provoca un incremento de la siniestralidad.
En otras provincias, como Palencia, Zamora o Soria, seseñala que el descenso muy de la construcción y de la actividad industrial hadeterminado que el foco de los accidentes se haya desplazado a pequeñosaccidentes de autónomos, servicios, in itinere, derribos de obra oatrapamientos de máquinas. Igualmente, se observa un incremento de losaccidentes laborales en la actividad agrícola: manejo de tractores, remolques,empacadoras, en los que el accidentado es el propietario de la explotación porlo que se produce el sobreseimiento, o en las industrias cárnicas, como enSalamanca.
Además, todas las fiscalías provinciales resaltan el aumentode accidentes en pequeñas obras de rehabilitación de zonas rurales dondeintervienen empresas con muy pocos trabajadores y a los que no se proporcionala formación ni las medidas de seguridad exigibles.
Propuestas
Entre las propuestas que recoge la Memoria 2020, destaca laplanteada por la Fiscalía de León, que insiste, con el fin de agilizar lainstrucción de los procedimientos de siniestralidad laboral, en asegurar laintervención de funcionarios especializados de la Policía Judicial en lasactuaciones de investigación mediante protocolos uniformes a nivel nacional, yno solamente mediante acuerdos en cada ciudad o provincia. En su opinión, estamedida acortaría el tiempo de la instrucción al evitar sucesivos oficios yrequerimientos.
Además, todas las fiscalías coinciden en reclamar laderogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde seestablece que la investigación judicial se debe desarrollar en un plazo máximode doce meses desde la incoación de la causa, y que en el caso de que no seaposible se podrán acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferioresa seis meses.
Planes estratégicos
Por último, la fiscal de Zamora delegada de la Comunidad enla materia de siniestralidad laboral, Noemí López Fernández, destaca que lasiniestralidad laboral continúa siendo una realidad que causa muertes yaccidentes graves en las clases trabajadoras y que supone un elevado costesocial y sanitario, por lo que reclama políticas preventivas eficientes paracombatirla. “Sería conveniente la elaboración en las empresas de planesestratégicos de seguridad orientados a la promoción de la seguridad en el trabajoa todos los niveles, de modo que todo el personal estuviera implicado,implantando en las empresas criterios de organización y distribución de trabajoque establezcan un equilibrio entre el volumen de trabajo asumido por eltrabajador y el control sobre el mismo e incrementando la capacidad de lostrabajadores para mantener su propia seguridad mediante una formación einformación periódica, actualizada, suficiente y específica”.
A su vez, pone el acento en que un número muy importante deaccidentes en el ámbito laboral se producen en viajes ‘in itinere’ o en misión,por lo que propone que sería conveniente fomentar los sistemas de transporteinteligente, teletrabajo y herramientas electrónicas para reducirían losriesgos y evitar desplazamientos innecesarios.
Al mismo tiempo, López Fernández también propone una aactualización del listado de enfermedades profesionales para adaptarlo a lainvestigación y el desarrollo actual, “ya que mejoraría la protección de lostrabajadores y posibilitaría adoptar medidas preventivas” y asegura que seríanecesario concienciar al empresario de que invertir en prevención puede serrentable, mediante la creación de bonificaciones e incentivos fiscales a lasempresas por baja siniestralidad e información de las consecuencias y de loscostes que el empresario tendría que asumir derivados de un accidente laboral ouna enfermedad profesional.
Por último, plantea fomentar la comunicación, coordinación ycolaboración entre las instituciones públicas implicadas, la divulgación decampañas publicitarias que sensibilicen a la sociedad sobre la importancia deevitar los accidentes laborales, la educación laboral mediante charlasinformativas en las en las aulas, y la especialización de la Policía en materiaseguridad laboral como complemento o apoyo en la investigación de accidenteslaborales, “medidas que, sin duda, beneficiarían el avance en la consecución deobjetivos comunes y de las estrategias para frenar la siniestralidad laboral”.