Las institución local lleva semanas trabajando en este documento así como en otras propuestas, que serán finalmente más de 300, preparadas por distintas áreas de la FEMP sobre cultura, turismo, comercio, transporte, medio ambiente o movilidad, para reactivar todos los sectores locales en los próximos meses.
En la parte económica, los alcaldes mantendrán la reivindicación de que cada ayuntamiento pueda emplear los remanentes de tesorería que acumula de ejercicios anteriores. El presidente de la FEMP, Abel Caballero, insiste en esta exigencia y defiende que las administraciones que más han cumplido desde hace años con la Ley de Estabilidad, los ayuntamientos, puedan utilizar ahora ese ahorro.
La Federación pide además que se establezca un fondo para las entidades locales que sin embargo no tienen remanentes, de manera que también puedan contar con estos recursos, y un fondo no reembolsable en línea con el que el Gobierno ha aprobado para las Comunidades Autónomas (de 16.000 millones de euros).
En una reciente entrevista con Europa Press, Caballero explicó que se trata de que los ayuntamientos puedan afrontar los gastos provocados por el coronavirus pero también de compensar la caída de ingresos que el sector local, como el resto de administraciones, va a sufrir este año.
Por otro lado, la FEMP reclama un fondo específico para el transporte. Caballero explicó que es necesario cubrir el "agujero" que van a sufrir los ayuntamientos en sus cuentas por el transporte público: se ha hundido el número de viajeros y se deberá indemnizar a las empresas concesionarias del servicio.
En la entrevista, el presidente de la Federación aseguró que el déficit sólo por el transporte de autobús superará "holgadísisimamente" los mil millones de euros en el conjunto del país. A esta cifra se sumará el déficit que cause el metro en las ciudades que tienen el subterráneo, como Madrid o Barcelona.
La propuesta económica en la que trabaja la FEMP incluye también la petición de que las entidades locales participen de forma proporcional en los fondos que habilite la UE y aportaciones de las Comunidades Autónomas. Prevé además modificaciones normativas en materia de financiación local.