La pandemia provocada por el COVID-19 ha sacado a la luz, con mayor fuerza que nunca, la fragilidad de la salud mental y la necesidad de prestarle atención de urgencia. Un informe sobre políticas acerca del COVID-19 y la salud mental, publicado por las Naciones Unidas el pasado mes de mayo, revela que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto “la necesidad de aumentar urgentemente la inversión en servicios de salud mental si el mundo no se quiere arriesgar a que se produzca un aumento drástico de los trastornos psíquicos”.
Si a esto se añade que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas en el mundo ha tenido, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, y que los trastornos mentales serán la primera causa de discapacidad a nivel mundial en el año 2030, el escenario de la salud mental se presenta bastante desolador, si no se ponen en marcha las soluciones y las medidas necesarias.
Por ello y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada año el 10 de octubre, el movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA, bajo el lema ‘Salud Mental y bienestar, una prioridad global’, hace visible la necesidad de una mayor inversión en recursos para atender la salud mental y reclama que estas inversiones sean una prioridad para las administraciones públicas a todos los niveles, “si realmente queremos prevenir una pandemia de salud mental”, sentenciaElena Briongos Rica, presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León.
“Contar con más recursos humanos y materiales es una reivindicación histórica en SALUD MENTAL ESPAÑA, que, con la situación actual y como hemos comprobado por la experiencia de nuestro movimiento asociativo, es más urgente que nunca”, Briongos Rica y advierte: “Vienen tiempos muy difíciles de crisis económica, desempleo, desahucios, que van a afectar a la salud mental de toda la población, generando problemas, o agravando los ya existentes; y a esto se suman los suicidios, que, aunque no disponemos de datos oficiales, sí tenemos constancia, por nuestras entidades, de que la situación está empeorando”.
Escasez de recursos en la atención sociosanitaria
Uno de los principales problemas de la salud mental en España es la precariedad de recursos dentro del ámbito sociosanitario público, que ahora, con la pandemia del COVID-19 se ha hecho más visible que nunca.
Por ejemplo, según el Consejo General de Psicología, España tiene cuatro veces menos profesionales de la Psicología en la sanidad pública que la media europea (4 por 100.000 habitantes frente a los 18 por 100.00 en Europa), e igualmente, en Atención Primaria, puerta de entrada a la atención en salud mental, hay una falta, tanto de profesionales, como de formación específica en salud mental, que no está permitiendo detectar de manera temprana los trastornos mentales y derivar a los recursos comunitarios existentes.
Para Elena Briongos, “con la pandemia se han puesto en clara evidencia las lagunas de nuestro sistema, cuando hemos visto una ausencia generalizada de protocolos específicos para atender la salud mental de las personas afectadas por el COVID-19 y su entorno, pero también la de los y las profesionales del ámbito sociosanitario”.
De hecho, la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) han denunciado la incertidumbre y el estrés que conllevan las dificultades en la atención médica durante un brote epidémico como el del COVID-19, y han exigido una especial atención a las necesidades de apoyo emocional del personal sanitario.
Salud mental en las aulas: una apuesta por la educación emocional
La infancia es la etapa en la que se inicia el aprendizaje y la socialización, y en ella la escuela tiene un papel protagonista, ya que es el momento de la adquisición, maduración y consolidación de las funciones elementales.
Por esto, es necesario desarrollar estrategias que fomenten un sistema educativo inclusivo y que potencie las habilidades, intereses, necesidades y capacidades de cada niño o niña; que habilite una asignatura de educación emocional en las aulas, para prevenir situaciones de violencia, discriminación o acoso, y fomentar la tolerancia y la aceptación de la diversidad; y que cuente con los de recursos suficientes que permitan, por un lado, prevenir o detectar precozmente cualquier indicio que pueda sugerir la presencia o aparición de un problema de salud mental en los alumnos y alumnas, y por otro, actuar sobre el problema a tiempo.
En este punto, las nuevas tecnologías y las redes sociales se están convirtiendo en uno de los núcleos de generación de problemas de salud mental en la población infantil y joven, por lo que “es fundamental apostar por programas educativos que incluyan contenidos destinados a la formación sobre el uso responsable de estas herramientas”, defiende Briongos Rica.
Empleo y salud mental: un derecho en cuarentena
Las personas con problemas de salud mental se enfrentan a numerosas barreras para su integración laboral debido a prejuicios negativos instaurados socialmente y a una falta de adaptación de los puestos de trabajo. En 2018, últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo de las personas con un trastorno mental fue de un 82,4%, la más alta de todos los tipos de discapacidad.
La presidenta de la Federación es firme en la defensa de la necesidad de políticas activas de empleo, que favorezcan la inserción laboral con todas la garantías y derechos de las personas con problemas de salud mental, porque “tener un empleo digno, saludable y motivador supone una herramienta útil y eficaz para formar parte activa de la sociedad y para su recuperación”.
Respecto al ámbito laboral, en general, Elena Briongos recuerda también la importancia de que “las empresas implanten y respeten medidas de conciliación, y propicien condiciones laborales adecuadas, evitando situaciones de acoso, discriminación o explotación laboral”.
La salud mental, invisible en grupos de población vulnerables
Mujeres, población infantil, migrantes o personas sin hogar son algunos de los grupos sociales más vulnerables y sensibles a ver afectada su salud mental.
Las mujeres tienen 3 veces más riesgo de tener depresión y el doble de tener ansiedad, que los hombres y, de aquellas que tienen un trastorno mental, más de un 40% ha sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida, en muchas ocasiones en la infancia.
Según la Encuesta Nacional de Salud, ENSE, de 2017, el 1% de la población infantil tenía problemas de salud mental. Sin embargo, y a pesar de esta prevalencia, en España aún no existe una especialidad en Psiquiatría Infanto-juvenil, que asegure una atención específica y evite la sobremedicación de niños y niñas, que reciben tramiento a partir de los mismos criterios médicos que se emplean para las personas adultas.
Otro de los grupos vulnerables, cuya salud mental está invisibilizada es la población migrante. Se estima que tiene el doble de riesgo de desarrollar un trastorno mental que el resto de la población, dada la falta de medios materiales y redes de apoyo, que en ocasiones les lleva incluso a una situación de calle, donde los trastornos se agravan aún más.
En España hay unas más de 30.000 personas sin hogar, de las en torno al 50% tiene un problema de salud mental y a las que la pandemia las ha situado en una situación de extrema vulnerabilidad. Según Elena, “para estas personas apenas existen recursos de apoyo y programas psicológicos de rehabilitación que aseguren sus derechos sociales y sanitarios. Por eso, es primordial que los programas de atención cubran más allá de las necesidades básicas e incluyan intervención integral de rehabilitación, que aborden incluso otros problemas como las adicciones”.