La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de la preocupación de las plantillas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ante la subida de afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), un total de 746.900 al cierre de noviembre, 18.487 más que en octubre, según los datos de la Seguridad Social publicados este 2 de diciembre.
Además, la complejidad en la tramitación de los ERTE está provocando cientos de miles de incidencias, lo que supone un incremento de peticiones de citas de atención presencial en las unidades de este organismo para solventarlas, y que se están ampliando los plazos de dicha atención hasta los tres meses. A pesar de esta avalancha de expedientes en las oficinas del SEPE, el Ministerio de Trabajo sigue sin poner en marcha las medidas que venimos demandando desde CSIF para mitigar los retrasos.
En este sentido, exigen una Oferta de Empleo Público extraordinaria y específica para el SEPE, que contemple una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados, ante la situación de emergencia social por el COVID y las previsiones económicas y del mercado laboral.
Reclaman, asimismo, la ampliación de la jornada de tarde para el conjunto de la plantilla de este organismo, de manera universal y voluntaria. "Las horas extras autorizadas para el SEPE no son suficientes para afrontar la actual carga de trabajo, circunstancias que se podría paliar habilitando la jornada de tarde tal y como se contempla en las Entidades Gestoras de la Seguridad Social", denuncia la organización.
En el sindicato llevan meses denunciando que miles de personas afectadas siguen pendientes de regularizar sus prestaciones, muchos de ellos en una situación de una gran vulnerabilidad.
CSIF ha insistido en la necesidad de reforzar las plantillas del SEPE que, en los últimos 10 años, como consecuencia de las políticas de recortes, han perdido 3.400 efectivos y se sitúa en cerca de 8.000 trabajadores/as de los que un 30% son trabajadores temporales, una cifra manifiestamente insuficiente para atender a la ciudadanía