Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo este lunes registros en una empresa situada en Calatayud (Zaragoza), vinculada a Luis Alberto Escolano ex vicepresidente del Zamora CF en la última etapa de Aldama, empresario relacionado con el presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y socio de Víctor de Aldama, señalado como el conseguidor en el denominado caso Koldo, según informa OK Diario.
Además, tal y como informan otros medios nacionales, Escolano ha sido detenido. Entre los arrestados también se ecuentra la empresaria que aseguró que había entregado bolsas de dinero en la sede del PSOE en la calle Ferraz
Escolano, además de su relación empresarial con De Aldama, fue quien pagó el alquiler del piso en Madrid donde residía la novia del exministro José Luis Ábalos. Fuentes jurídicas han confirmado que las actuaciones policiales también se están realizando en Madrid, Sevilla y Toledo, aunque no han especificado si alguna de estas se lleva a cabo en otra empresa directamente vinculada con Escolano.
Un fraude masivo en el sector de hidrocarburos
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está al frente de una investigación por un fraude al IVA que supera los 182 millones de euros, vinculado al sector de los hidrocarburos. Por este caso, en octubre pasado, el magistrado decretó prisión provisional para Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, aunque el primero fue puesto en libertad tras declarar en el caso Koldo, mientras que Rivas permanece encarcelado.
Pedraz considera a ambos como los líderes de una organización criminal dedicada al fraude fiscal, en la que también se investiga a María Luisa Rivas como subdirectora, junto con una serie de cooperadores y testaferros que habrían operado desde los órganos de administración de varias sociedades suministradoras.
Vínculos con adjudicaciones en la pandemia
Mientras tanto, este lunes, el empresario Víctor de Aldama declaró como investigado en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en adjudicaciones durante la pandemia relacionadas con la compra de material sanitario. Según el juez Leopoldo Puente, el caso Koldo implica posibles favores económicos y tráfico de influencias a través de contratos públicos.
La actuación de la UCO sigue destapando nuevos vínculos empresariales y políticos, que complican aún más un entramado que abarca desde el fraude fiscal a las relaciones directas con destacados personajes públicos, tal como señala OK Diario.
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