El próximo 8 de noviembre se cumplirán 25 años de la Ley dePrevención de Riesgos Laborales, una norma que por mandato constitucional,desarrolla el marco normativo de garantías y responsabilidades para un adecuadonivel de protección de la salud de las personas trabajadoras, frente a losriesgos derivados de sus condiciones laborales.
Pese al amplio marco legislativo que establece la ley ‘en elpapel’, CSIF señala que en la práctica su implementación no se ha realizado demanera efectiva en los centros de trabajo, donde se incumplen de manerasistemática sus principios preventivos: evaluación de riesgos, combatir losriesgos en su origen, adaptar el puesto de trabajo, planificación de laprevención y dar las instrucciones precisas a los empleados, entre otros.
Desde el sindicato resaltan que si algo ha visibilizado estapandemia de Covid-19 es que “la prevención de riesgos laborales sigue siendouna asignatura pendiente para las diferentes administraciones, dejando demanifiesto las deficiencias que existen en los centros de trabajo como la faltade equipos de protección individual, falta de previsión y planificación,insuficiente dotación de recursos humanos que derivan en accidentes de trabajo,enfermedades profesionales y desgraciadamente, en fallecimientos”.
Para CSIF, este grado de incumplimiento y la situacióncaótica en la gestión de la crisis se manifiesta, de entrada, a la hora decontabilizar y acreditar los casos. Según los últimos datos de accidentes detrabajo, correspondientes al mes de agosto, hasta la fecha solo se hancontabilizado 1.346 accidentes de trabajo relacionados con el Covid-19, un 2,4por ciento de los 55.824 casos de profesionales de la sanidad que habíaregistrados hasta esa fecha y únicamente 15 muertes.
“Estas cifras carecen de credibilidad y están relacionadaspor un desfase de datos o errores en la tramitación como accidente de trabajode los contagios por profesionales en el ámbito sanitario, donde España sesitúa desgraciadamente a la cabeza”, resaltan.
Además, creen que esta circunstancia, derivada del caos enla gestión de las bajas laborales (se contabilizan como bajas por enfermedadcomún en vez de accidente de trabajo) genera una pérdida económica: se dejan depercibir las guardias y la productividad, entre otros conceptos y se pierde laindemnización por secuelas.
De hecho, el colectivo de la Sanidad estuvo en desamparohasta que el Gobierno reconoció el contagio como accidente laboral, después delas presiones de CSIF. “Hoy ya se considera como tal hasta que se dé porconcluida la pandemia. Nuestro sindicato, además reclama que el Gobiernocalifique el contagio como enfermedad profesional, a todos los efectos depensión”.
“La falta de previsión del Gobierno y de las diferentesadministraciones también llevó a nuestro sindicato a presentar una querella alTribunal Supremo ya que, pese a los reiterados avisos de la OrganizaciónMundial de la Salud, las autoridades no hicieron acopio de material deprevención al inicio de la pandemia”, inciden.
ANÁLISIS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
CSIF ha realizado un análisis del grado de implantación dela Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las administraciones públicas y hacomprobado que en algunos ámbitos no se llega siquiera al cumplimiento mínimo. “Lainversión en prevención suele ser escasa, los servicios de prevención estánsobrecargados y se restringe el derecho a la consulta y participación dado quelos delegados de prevención en muchos casos o bien ni están nombrados, ni seles facilita la información suficiente para llevar a cabo su labor”.
En concreto, el 20 por ciento de los comités de seguridad ysalud de las administraciones públicas aún no están creados, lo que muestra eldesinterés en la materia, y de los que se han creado solo funcionan de maneraactiva el 65 por ciento. Muchos de ellos llevan meses sin convocarse a pesar dela difícil situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia yestando en juego la seguridad y salud de los/las profesionales. En la mismalínea, han comprobado cómo el 66 por ciento de los centros de trabajo nocuentan con evaluación de riesgos.
Por todo ello CSIF ha elaborado una serie de propuestas demejora:
- Ampliar el número de servicios de prevención.
- Adaptar la ley a las nuevas modalidades deteletrabajo.
- Potenciar la negociación colectiva. Estableceruna mínima estructura en prevención, en materia de negociación, con mesastécnicas en cada ámbito.
- Actualizar el cuadro de enfermedadesprofesionales y mejorar la identificación y diagnóstico para que no quede todoel peso del reconocimiento de la enfermedad como profesional en las mutas.
- Garantizar la obligatoriedad de realizarevaluación completa de riesgos laborales, incluida la higiénica, ergonómica ypsicosocial.
- Aplicar la prevención de riesgos con perspectivade género e inversión en salud mental de las personas trabajadoras.
- Aumentar la actividad sanitaria de los serviciosde prevención, potenciando la vigilancia de la salud colectiva.
- Incremento de la dotación de recursos humanos enInspección de Trabajo y Seguridad Social para aumentar las inspecciones deoficio y dar mayor agilidad a los trámites.
En definitiva, desde CSIF concluyen que es necesario dar unpaso adelante y seguir reforzando las políticas en materia de prevención deriesgos laborales. Para ello, “es necesario revisar y adaptar en su caso la Leyy los reglamentos que la complementan. Es una Ley adulta pero aún sin maduraren su aplicación”.