"Entendemos que se trata de una medida partidista e ideológica, muy alejada de lo que necesitamos las empresas y ciudadanos para la reconstrucción económica y del empleo en nuestra tierra", afirma la agrupación.
EFCL cree que la medida "es improcedente e inoportuna para las personas afectadas por COVID19 y en especial para los familiares de los más de 5.000 fallecidos por la enfermedad que están sufriendo no solo la pérdida personal, sino también la pérdida de capacidad adquisitiva".
Asimismo, muestra su "sorpresa y decepción" el "incumplimiento electoral del Partido Popular", ya que esta medida incluida en el Pacto fue anunciada en su programa electoral y ratificada en numerosas ocasiones por distintos miembros del Gobierno regional una vez elegido por los castellanos y leoneses.
Los empresarios familiares aseguran sentirse "discriminados con otras Comunidades Autónomas" en las que este impuesto ha sido ya prácticamente eliminado, lo que pone de manifiesto una desigualdad clara entre territorios en nuestro país.
Recuerdan que se trata de un impuesto declarado por gran parte de la doctrina jurídica europea como "manifiestamente injusto", ya que se entiende que se gravan bienes por los que ya se ha tributado con anterioridad.
Las empresas familiares aseguran que este tipo de medidas "genera desafección por la Comunidad, por la tierra de la que muchos nos sentimos tan orgullosos y puede acelerar la deslocalización de empresas y la despoblación en favor de comunidades vecinas que no gravan el impuesto". Asimismo, advierte de que la medida "pone en riesgo la retención del talento de todas aquellas personas que han trabajado toda su vida en la región y perjudica la inversión futura".