Lejos de aceptar la desorbitada reclamación de 20 millones de euros que la empresa Iridium llegó a presentar al Ayuntamiento por la anulación del contrato de gestión de los aparcamientos subterráneos del parque de San Martín y la Plaza de la Constitución, el Ayuntamiento reclamará formalmente la devolución de 2.580.151 euros como resultado del informe sobre la liquidación final encargado por el propio Ayuntamiento a una consultora externa. La propuesta ha sido dictaminada favorablemente hoy por la Comisión de Hacienda y se presentará el viernes a la aprobación por el Pleno Municipal, para proceder formalmente a su reclamación.
Para efectuar ese cálculo se han tenido en cuenta el coste de construcción de los dos subterráneos que el conjunto sumó 3.174.031 euros, de los que hay que detraer las amortizaciones acumuladas hasta el pasado 30 de junio, cuando se produjo el traspaso a la nueva adjudicataria, que suman 1.615.490 euros; así como una subvención de 1.143.200 euros procedentes de fondos europeos percibida por el Ayuntamiento y aportada a la empresa; la valoración de las deficiencias detectas y no asumidas por la empresa, cuantificadas en más de 600.000 euros; el importe de las plazas vendidas a particulares para el periodo de 33 años que duraba la concesión cuantificadas en 127.582 euros; y a todo ello se suma el canon anual no abonado al Ayuntamiento desde la suspensión del contrato, que asciende a 2.305.082. Lo que en conjunto arroja una deuda a favor del Ayuntamiento de 2.580.151 euros.
Con esta liquidación el Ayuntamiento quiere "poner las cosas claras a Iridium en aras del interés público" según ha manifestado el alcalde, ya que la empresa ha llegado a solicitar una indemnización de más de 20 millones de euros, incluyendo unas cuantificaciones de préstamos y gastos financieros en el proceso de cambio empresarial de Urbaser a Iridium, que nada tienen que ver con los aparcamientos subterráneos, y obviando todas las aportaciones e ingresos percibidos.
Con esta reclamación se procedería a la liquidación definitiva del contrato sobre la construcción y explotación de los aparcamientos subterráneos, de acuerdo con la resolución judicial. Ahora será la empresa la que deberá aceptarla o recurrirla, y en ese caso el asunto deberá dirimirse en los tribunales, según ha manifestado el alcalde.