"Los efectos de la pandemia del coronavirus pueden estar alterando de forma muy importante la situación y evolución financiera de las entidades locales". Así lo ha destacado el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, durante su comparecencia en la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes regionales, afirmando que las entidades locales "ya no forman parte del problema del déficit público, pero pueden formar parte de la solución a nuevos problemas".
Amilivia ha presentado tanto el informe sobre las cuentas del sector público de 2018 como el correspondiente a las consecuencias económicas-finacieras de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en las entodades locales entre los ejercicios de 2010 a 2017.
El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.750 entidades locales (2.248 ayuntamientos, 9 diputaciones, 1 consejo Comarcal, 273 mancomunidades y otras entidades asociativas y 2.219 entidades locales menores) y 187 entes dependientes. A 31 de diciembre de 2019, habían rendido la cuenta general del ejercicio anterior 3.343 entidades, que representan el 70% del sector público local de la Comunidad.
Menos gastos de inversión y personal
Por lo que se refiere a los ayuntamientos y diputaciones, el informe del Consejo de Cuentas refleja que disminuyen un 20% el gasto y, en menor medida, los ingresos debido a la crisis económica y a las medidas de control del déficit. El Consejo de Cuentas hace especial hincapié en la caída en los gastos de inversión, en torno al 50% de los años 2010 a 2012, y los de personal, de un 4%.
Ayuntamientos
Con una disminución del gasto en las capitales de provincia, durante el periodo 2010-2012 bajó en todas, a excepción de León, cayendo los gastos de personal, entre un 5% y un 17% y los de inversión cercanos al 50%. A partir de 2012, aunque aumentan los gastos de personal y la inversión, no se recuperan los niveles de 2010.
En cuanto a los remanentes de tesorería para gastos generales, pasan de 63 millones a 156 millones. Todas mejoran su cifra excepto Valladolid y Burgos. Los ayuntamientos de León, Salamanca y Zamora pasan de cifras negativas a positivas. El porcentaje de inversiones con cargo al superávit presupuestario es muy bajo, del 2% del remanente en 2014 al 11% en 2017.
Por lo que se refiere al endeudamiento por operaciones de crédito, pasa de 739 a 680 millones. Aumentó en el tramo 2010-2012 en todas, a excepción de Segovia y Valladolid. En la etapa 2012-2016, la deuda se reduce en todas las capitales, destacando Zamora, Valladolid y Salamanca.
Tan solo tres capitales han incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación en el periodo 2013-2017: Burgos, en 2016, León, en 2014 y Salamanca, en 2015. El resto lo cumplió en todos los ejercicios. En relación a la regla de gasto, Ávila, Palencia, Segovia y Soria cumplieron en todos los ejercicios; el resto, la incumplieron en 1 de ellos.
Los ayuntamientos de Burgos, León, Salamanca y Valladolid han aprobado planes económico-financieros por el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y/o de la regla de gasto. Tan solo en el Ayuntamiento de Burgos, en 2015 y 2016 el periodo medio de pago en el mes de diciembre ha superado el plazo de 30 días. El resto se ha situado por debajo en todos los ejercicios.
Todas las diputaciones cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria
Las medidas de control del gasto, explica el informe, supuso una reducción del gasto no financiero, que pasó de 774 a 672 millones de euros. “Las medidas de control tuvieron gran incidencia en la etapa 2010-2012, con una disminución del 24%. En todas bajan los gastos de personal y los de inversión, que se reducen más de un 50% en la mayoría”. Sin embargo, a partir de 2012, los gastos de personal suben aunque, con carácter general, en 2017 se sitúan por debajo de las cifras de 2010.
En cuanto a las inversiones con cargo al superávit presupuestario, “han sido, con carácter general, muy bajas, un 8% de los remanentes entre 2014 y 2017”. Mientras la Diputación de Soria no realizó actividad inversora, las diputaciones Salamanca y León no lo han hecho en tres de los cuatros ejercicios y solo la de Segovia mantuvo un alto porcentaje de estas inversiones en todos los ejercicios.
En el conjunto del periodo, el endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 444 a 239 millones de euros. En la etapa 2010-2012, aumentó en todas a excepción de Segovia, Ávila y Palencia. Destaca el aumento en la de Valladolid, superior al 100%, y en las de Zamora y Burgos.
En consonancia con la disminución del endeudamiento en la etapa 2012-2016, el porcentaje de capital vivo sobre los ingresos corrientes disminuyó en todas las diputaciones. En 2016, todas las diputaciones se sitúan en un porcentaje por debajo del 50%, esto es, muy inferior al 75% legalmente establecido a efectos de la necesidad de autorización para concertar operaciones de crédito a largo plazo para inversiones.
A partir de la Ley 2/2012 todas las diputaciones cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación, salvo Burgos en 2017. En relación a la regla de gasto, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora cumplen en todos los ejercicios; el resto incumplen en uno o más. No consta la aprobación de ningún plan económico-financiero por parte de las diputaciones. En todas, los periodos medios de pago se sitúan por debajo de los 30 días en diciembre de los ejercicios 2014 a 2017.