La llegada del PSOE al Gobierno en junio de 2018 trajo consigo la aprobación en noviembre de ese año de una nueva norma, desarrollada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que contempla suprimir estas dos medidas incluidas en el Real Decreto-ley 14/2012: aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes y la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula.
La bajada de 25 a 23 horas lectivas semanales (tiempo de clase) para los maestros de Infantil y Primaria y de 20 a 18 para los profesores de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos en el último lustro. “Sería una reducción del tiempo destinado a dar clases, pero no de trabajo porque también hay tutorías, preparación de temas… Si esto se produjera, harían falta más profesores, por lo que se generaría empleo y se elevaría la calidad educativa”, aseguran desde el sindicato ANPE.
“Otra de las necesidades que tiene el profesorado salmantino es reducir la ratio de alumnos por profesor porque algunos tienen clases con más de 30 estudiantes y están muy agobiados con ese volumen”, explican, por su parte, desde CSIF. El caso contrario se da en los centros rurales: “Allí se está reduciendo el número de escolares y se precisa personal administrativo para ayudar en temas de matriculación, pues se están quitando jefes de estudios o secretarios. Eso está dando lugar a que varios centros únicamente cuenten con un director que tiene que impartir clases a diferentes cursos, hacer matrículas…”.
Por otro lado, desde el sector de Enseñanza de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de los Servicios Públicos de UGT añaden que “hay Colegios Rurales Agrupados en localidades que distan mucho, por lo que los docentes asignados a ellos han de moverse de una a otra y ese tiempo no es de trabajo. Es verdad que allí hay menos niños que en la capital, pero pedimos flexibilidad, ya que existen sitios en los que el maestro no puede enfermar porque, como consecuencia, el centro cierra esos días”. También reclaman que se compensen económicamente las tutorías y que se solucione un problema de la Formación Profesional: “Necesitamos que se le dé estabilidad consolidando las plantillas de docentes. Los alumnos no pueden encontrarse con un profesor nuevo cada curso”.
Por su parte, desde STECYL opinan igual: “La administración argumenta que hasta que no acabe el tiempo de matriculación, permanecerá sin mandar a un docente, lo cual provoca que el alumnado no empiece en la fecha adecuada y se perjudique la calidad. Le rogamos que no espere hasta septiembre para llenar un cupo y decidir si el ciclo sale adelante o no”. Además, revelan que contemplan dificultades en la atención a la diversidad: “Se han endurecido los criterios para ocupar las plazas de Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, lo que conlleva que haya menos profesores. La administración se enorgullece de cómo trata a la diversidad, pero existe una gran cantidad de alumnado que atender que no está incluido en el plan. Por ejemplo, un chico con déficit de atención que no esté registrado en ese plan, se quedará sin recibir el apoyo adecuado. Actualmente, se pide llegar a una determinada cifra de alumnos para tener derecho a ese profesor. No hay una atención real a la diversidad”.
A esta valoración se suma el sector de Enseñanza de CCOO: “El personal no docente, como los intérpretes de lengua de signos o los fisioterapeutas, no están todo el tiempo que el alumnado necesita porque la administración aplica criterios económicos. La educación se contempla como un gasto y no como una inversión, aspecto que también se refleja en la sustitución de las plazas de profesores que se jubilan. Cuando se retiran, se quedan sin cubrir diversas plazas. No se renueva el profesorado”.