El Informe Nacional de Ahogamientos (INA), que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, lleva registrados 307 ahogamientos no intencionales en los espacios acuáticos españoles entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año.
Más de la mitad de los fallecimientos, 158, el 51,5 por ciento, se concentran en julio y agosto, 77 el primero de estos meses y 81 el segundo, mientras que en cinco Comunidades Autónomas sucedieron casi siete de cada diez hechos mortales, el 69,70 por ciento del total, con 214 casos.
En concreto son los territorios de la Comunidad Valenciana, con 59 personas ahogadas, Andalucía, con 44 óbitos, Cataluña (41), Galicia (37) y Canarias (33).
Mientras que por meses el siguiente más letal fue junio, con 41 fallecimientos, por territorios le siguen País Vasco, con quince, Islas Baleares, con catorce, Región de Murcia (doce), Castilla y León (diez), Asturias y Cantabria (nueve en cada caso), Castilla-La Mancha (siete), Aragón (cinco), Extremadura (cuatro), La Rioja (tres), Comunidad de Madrid y Navarra (dos en cada uno) y Ceuta (uno), mientras que en Melilla no consta ninguna muerte por ahogamiento.
En octubre perdieron la vida en los espacios acuáticos de España nueve personas, siete hombres y dos mujeres, seis de nacionalidad española y tres extranjeros, sólo uno de los casos se dio en una playa mientras que el resto se incluye en el apartado de ‘otros’, que son todos aquellos que no son ni en arenales, ni piscinas, ni ríos, y, de cualquier forma, ninguno de ellos disponía de servicio de vigilancia y socorrismo.
El de 2020 es el octubre con menos ahogamientos mortales de la serie histórica, con 37 víctimas menos que en 2019, que había registrado el segundo peor dato desde el inicial de 2015, en que se dieron 49 fallecimientos, y mejora sustancialmente el mejor hasta ahora, el de 2016, en que se registraron 25.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo elabora el INA ante la ausencia de un instrumento que permita contabilizar a diario las muertes por ahogamiento no intencional que se producen en España, ya que los datos oficiales, que se ajustan posteriormente a los de esta estadística, se publican con más de dos años de retraso.
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