La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico.
Este tratado supone la consagración del enfoque de derechos de este colectivo y considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, mientras que el Estado está obligado a garantizar que el ejercicio de los mismos sea pleno y efectivo.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres han hecho un llamamiento para que los poderes públicos, agentes sociales, operadores económicos, medios de comunicación y toda la sociedad cumplan la Convención porque es "la mejor y más firme aliada de las personas con discapacidad".
En un manifiesto, con motivo de la primera celebración de este día, estas organizaciones destacan que el objetivo es contribuir al conocimiento, difusión y toma de conciencia acerca de esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.
Asimismo, subrayan que el "potencial transformador" de la Convención, marco referencial y prescriptor "ineludible" de todas las políticas públicas y legislaciones que se lleven a cabo en España en materia de discapacidad, se intensifica si este tratado se pone en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.