El 17 de diciembre de 2013, el Pleno del Congreso aprobada, con la mayoría absoluta del Partido Popular, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como 'Ley Wert' por el sello que dejó en el texto su impulsor, el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert.
La reforma fue rechazada por prácticamente toda la oposición, cuyos portavoces repitieron durante aquel debate que la ley "nacía muerta" y "tenía los días contados". Seis años después y tras un cambio de Gobierno, la 'Ley Wert' sigue en vigor y tendrá, como mínimo, un curso más de vida.
La derogación de la LOMCE, el futuro de las reválidas que implantó esta ley, el diseño de la carrera docente o la obligatoriedad de la cotización de las prácticas universitarias son algunas de las asignaturas pendientes de la educación española que esperan la formación de un nuevo Gobierno en septiembre, el tradicional mes de los malos estudiantes.
LARGA VIDA A LA LOMCE
El 11 de julio de 2018, en su primera comparecencia en el Congreso tras asumir la cartera de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá anunciaba que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez derogaría de forma "urgente" varios artículos de la LOMCE como las reválidas, los itinerarios "segregadores" o el concepto de "demanda social" en la planificación escolar.
La 'Ley Celaá' se ponía en marcha para acabar con la 'Ley Wert', aunque la reforma educativa del PSOE fue acumulando retrasos a pesar de su proclamada urgencia. Celaá prometió una reforma de los "aspectos más lesivos" de la LOMCE para antes de las pasadas navidades. Después, que el proyecto de ley orgánica se presentaría en el Congreso a principios de 2019.
Finalmente, Celaá tuvo listo el texto de la Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) el pasado 15 de febrero, justo el mismo día que Pedro Sánchez anunciaba el adelanto electoral para el 28 de abril. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto cuando ya había sonado el timbre, y no pudo ni siquiera iniciar su tramitación parlamentaria.
La ahora ministra en funciones ha asegurado este verano que llevará su reforma de la ley educativa al Congreso en cuanto Sánchez sea investido. La derogación de la LOMCE es actualmente una petición casi unánime de la comunidad educativa, aunque muchas voces reclaman que sea sustituida por una nueva ley que cuente con un gran acuerdo entre formaciones políticas para aportar estabilidad al sistema educativo.
DOCENTES SIN ESTATUTO
Los sindicatos docentes consideran que es "la gran asignatura pendiente" de la educación en España porque acumula una demora de 30 años. Tanto PSOE, PP y Ciudadanos lo incluyeron como una promesa en su programa electoral. Pero la ausencia de Gobierno sigue postergando la creación de un estatuto docente para establecer los criterios del acceso, la promoción y la formación, así como los derechos y obligaciones, de los profesores.
"Ha sido una promesa incumplida por todos los partidos que han estado en el Gobierno", apunta a Europa Press el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández. "El modelo de acceso a la profesión es obsoleto y la carrera profesional es plana", añade el secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García.
El PSOE se comprometió durante la última campaña electoral "a desarrollar una auténtica carrera docente orientada hacia una educación integral de calidad". El Ministerio de Educación y Formación Profesional de Isabel Celaá organizó el año pasado un foro de expertos para definir una propuesta "integral" sobre la profesión docente, que pretendía tener lista antes de que finalizase esta legislatura. Celaá sugirió entonces introducir un método de evaluación voluntaria para docentes con el propósito de mejorar la calidad del profesorado de las enseñanzas no universitarias.
La derogación de la LOMCE o el estatuto docente esperan nuevo Gobierno
Celaá ha reiterado que llevará al Congreso su reforma educativa, paralizada por el adelanto electoral, en cuanto sea investido Sánchez
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