Jorge Bravo, secretario de comunicación de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), ha querido aclarar esta mañana en Zamora la postura de la organización en relación al regreso de unidades militares al campamento de Montelarreina, denunciando que “se está tratando a las familias como objetos, se están cosificando” y por ello la asociación emprenderá las acciones legales pertinentes en defensa de los militares, además de mostrar su malestar por el hecho de que el traslado de las unidades se realizaría “para repoblar Zamora, no por motivos inherentes a su trabajo ni necesidades operativas”.
Bravo ha resaltado que “somos conscientes de la situación que una ciudad como Zamora sufre a consecuencia de la despoblación y por eso estamos que cualquier iniciativa que se realice que sea justa y sin detrimento de otras zonas o de personas, que sirva para paliar las deficiencias que dicha situación origina cuenta con el total apoyo de nuestra asociación y, por supuesto, desde nuestra asociación presentamos toda nuestra solidaridad a la ciudadanía de Zamora”.
No obstante, el secretario de comunicación de AUME incide en que “son muchas las informaciones periodísticas que nos llegan y poca la información oficial sobre el proyecto de Montelarreina. Lo que sí que parece seguro es que esta iniciativa creada hace tres años parece que toma ahora solidez y va hacia adelante y parece ser que Montelarreina puede ser lugar de acogida para unidades militares con el único propósito de repoblar Zamora”.
En este sentido, AUME manifiesta que escuchan al Ministerio sobre lo mucho que pueden aportar los militantes y sus familias al desarrollo económico de la provincia y así oyen hablar del aumento del PIB, el posible aumento del empleo, la dinamización económica de la región, etcétera. Pero, sin embargo, “no se dice nada en absoluto de las personas, militares y sus familias, de sus necesidades, de lo que la desmoralización y el desarraigo que ello supone hará cambiar sus vidas, su ámbito social, su vida personal. Sí es cierto que hay que reconocer que alguna persona, algún responsable de alguna institución, sí que ha mencionado o ha hecho valer esta sensibilidad, como puede ser el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que sí que ha expresado esa sensibilidad con respecto al trato que se debe dar a estas personas, a los militares y sus familias, o como también la semana pasada nos ha trasladado la delegada del Gobierno en Castilla y León, que nos ha transmitido su deseo de tenernos informados a las asociaciones de todo aquello que pueda afectarnos, a lo que nosotros nos debemos, que no es otra cosa que la defensa de los derechos y los intereses de los militares”.
En definitiva, para AUME “se está tratando a los militares y a sus familias como a objetos, resultando con ello una cosificación de las personas que es intolerable. Se tiene que saber que trasladar unidades militares puede suponer el traslado forzoso de hombres y mujeres que las integran y, a su vez, de sus familias. Y tenemos que ser conscientes de lo que supone eso para una familia: trasladarse a otra provincia, trasladarse a otra localidad puede suponer la pérdida del trabajo del cónyuge, puede suponer que los hijos tengan que abandonar esa estabilidad que toda la familia desea para ellos, que es el mantenerlos en un colegio o en una guardería; puede suponer también que haya familias que, por tener personas discapacitadas en su seno, se les avecine un grave problema con estos traslados y, en definitiva, una multitud de problemas que, a día de hoy, no hemos visto desde las instituciones ni desde estas organizaciones de desarrollo económico de la provincia hablar de ello”.
También denuncian públicamente la falta de transparencia y de diálogo por parte del Ministerio de Defensa, que “no comunica sus intenciones a los posibles afectados, con todo lo que ello supone, como tampoco lo hace a los representantes de las asociaciones profesionales, que debemos entender de estas acciones para la defensa de los derechos e intereses de los militares. Este grave déficit de transparencia y de diálogo conlleva, por supuesto, una gran indefensión para todas estas personas que están siendo marginadas en el sentido de que no se está contemplando que, al final, de lo que estamos tratando aquí es de personas, sobre todo, y de sus familias y de las posibles necesidades que puedan tener en caso de ese traslado forzoso que se prevé”.
ACCIONES LEGALES
Por todo ello, AUME ha anunciado que van a realizar las acciones legales pertinentes en defensa de los militares y contra su cosificación. “Se puede convenir, dialogar y llegar a acuerdos pero no se puede beneficiar a una parte mediante el perjuicio de otra”.
“Los militares estamos para lo que el ordenamiento legal y constitucional marca en España, no para lo que personas con falta de conocimiento sobre la materia puedan decir. De la misma manera que un director de un banco no se le exige ni se le obliga a hacer trabajos de electricista o en el campo, al militar tampoco se le puede obligar a hacer trabajos que no son para su profesión. Los militares tenemos muy claro cuáles son nuestras responsabilidades y objetivos y está perfectamente definido en la Ley”, inciden.
Respecto a las acciones legales, han comenzado por su propio Consejo de Personal, que es donde hacen interlocución con el Ministerio de Defensa y han pedido explicaciones y, sobre todo, información sobre el proyecto. Hasta la fecha, “el Ministerio no nos ha informado ni a las asociaciones profesionales ni a los militares. Lo que ha trascendido por la prensa, aunque parece que no ha dicho ningún organismo oficial de forma pública, ha trascendido que pueden ser unidades de Artillería y Zapadores. Todos los militares destinados en esas unidades están ya pensando en que les puede tocar a ellos y ello origina una gran intranquilidad”.
Se plantean también dirigirse al Defensor del Pueblo y, en su momento, si vieran necesario porque hubiera fraude de Ley o una desviación de poder, actuarían ante los tribunales.
¿EL TRASLADO ES LEGAL?
Jorge Bravo ha señalado que, con la Ley en la mano, es legal realizarlo porque en su ordenamiento hay un vacío en el sentido de que no hay ninguna norma que regule cómo se deben realizar estos traslados y proteger los derechos de estos trabajadores. Hoy se traslada una unidad de una provincia a otra y es legal porque entra dentro de lo que operativamente pueda exigir la defensa de la nación. “Es algo inherente a la profesión pero pensamos que está fuera de esa parte de la profesión que los traslados no se produzcan por necesidades de la defensa sino por la repoblación de una provincia. El proyecto de hace tres años surgía por el proyecto de repoblar Zamora. No había ninguna información que hablara de necesidades operativas”.
Así mismo, han concluido señalando además que si los cónyuges dejan un trabajo también tendrían que tener facilidades para encontrar otro, así como que estos militares tuvieran incentivos.