La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) interpondrá este viernes un denuncia penal para que se investiguen las amenazas físicas y coacciones que reciben los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a través de Internet por el retraso en el cobro de hasta 200.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Pese a que estas amenazas se producen a través de la red social Twitter y aluden a agresiones físicas con mensajes como: "Cuando abráis las oficinas os vamos a pegar fuego"; "Os vais a arrepentir de estos tres meses dejando sin cobrar a tantas personas" o "Espero que a alguien se le vaya la pinza y empiece a pegar tiros".
Ante hechos como estos, el sindicato interpondrá una denuncia en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para que se investiguen las amenazas, se pongan en conocimiento de la justicia los datos de usuario y se proceda a la identificación de los autores, ya que considera que pueden ser constitutivos de delitos de "amenazas, coacciones e injurias".
Asimismo, el CSIF reitera en un comunicado su preocupación ante la inminente apertura al público de las oficinas del SEPE a partir del próximo día 15 de junio, algo que el sindicato más representativo en las administraciones públicas rechaza.
En primer lugar, argumenta que todavía hay cerca de 200.000 ERTE sin resolver, y por tanto personas inmersas en estos procedimientos sin cobrar, además de otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar.
Estos datos chocan con la información traslada por parte de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha defendido en las últimas semanas que ya se ha acometido el 98,5% de las cargas de trabajo.
"Consideramos, a este respecto, que se debería estabilizar esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías. Es más que previsible que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden", defiende el sindicato.
Por otra parte, CSIF rechaza la reapertura por fases planteada por los responsables del SEPE, al considerar que las oficinas deben reanudar la atención al público al mismo tiempo, de la mano de las Comunidades Autónomas con las que se comparte el espacio físico en las oficinas, garantizando las máximas medidas de seguridad sanitaria, tanto para los gestores de prestaciones como para los usuarios.
En este sentido, también reclama la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el conjunto de las unidades, que garanticen la invulnerabilidad tanto de gestores como de usuarios.