La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Estado al pago de 75.561,18 euros al Ayuntamiento en concepto de intereses, en relación con la sentencia de las obras realizadas en Valorio en el año 2000 y por la que el Estado ya ingresó al Ayuntamiento 383.828,67 euros en octubre del pasado año.
Dicha sentencia tiene que ver con las ayudas que recibió el Ayuntamiento a través de los fondos europeos FEDER para proyectos destinados a la recuperación integral del boque de Valorio por valor de 1.261.248 euros, y actuaciones en las laderas de la calle Villalpando y Carrascal por valor de 383.828 euros.
En aquel momento, el actual alcalde, Francisco Guarido, entonces concejal en la oposición, denunció a la OLAF irregularidades en la ejecución en una de esas obras, las de Valorio. El resultado de dicha denuncia fue la estimación total por parte de la OLAF de las irregularidades y "descertificación total de la ayuda FEDER concedida para el proyecto de Valorio por valor de 1.261.248 euros". De esta forma, el estado se quedó con esos 1,6 millones de euros tras la denuncia de Guarido, los de la ayuda a Valorio y también los de la ayuda a la calle Villalpando y Carrascal.
Tras eso, ya en el mandato de Rosa Valdeón, el equipo de Gobierno del Partido Popular logró ‘salvar’ con sus gestiones y tras la resolución del TSJ de Madrid, hasta 877.420 euros, más de la mitad de lo que pedía el Estado tras la denuncia del propio Francisco Guarido contra el Ayuntamiento.
Tras eso, ya en 2015, el Estado devolvía otros 383.828 euros, los correspondientes a las obras de actuación medioambiental en laderas de la calle Villalpando y Carrascal, que nada tenían que ver con el problema de Valorio pero que fueron reclamados también tras la denuncia en el año 2000. De esta forma, el equipo de Gobierno de PSOE e IU lograba deshacer un problema inexistente pero generado por la denuncia de Guarido en el año 2000.
Una vez conocida esa sentencia, el Ayuntamiento reclamó los 134.941,35 de intereses legales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 9 de octubre de 2020, fecha de pago, a los que hay que restar 59.379, 87 euros ya pagados, por lo que el Estado deberá abonar ahora al Ayuntamiento 75.561,68 euros.