Consecuencia de ello, consideran “se está ejerciendo una política de represión que jamás habíamos conocido mediante la apertura de expedientes disciplinarios a trabajadores por motivos que son consecuencias de las carencias que en materia de personal y deficiencias de seguridad tiene el centro. A pesar de la importancia de las obras que se están llevando a cabo en el centro no se ha reducido el número de internos que se requería dadas las mismas. Además, el centro alberga a internos cuya conflictiva trayectoria penitenciaria aconsejaría que, por razones de seguridad, no estuviesen cumpliendo condena en el centro mientras no se cubra el personal existente”.
Igualmente, las organizaciones sindicales mencionadas con anterioridad critican las políticas de recortes que ha sufrido el centro penitenciario de Topas durante los últimos años “sufriendo recortes económicos y salariales así como otro tipo de pérdida de derechos en materia de permisos”. Finalmente, critican la privatización de la vigilancia exterior.
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