Los ocho contratos de suministro y uno de servicio que han sido declarados urgentes por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por un importe global de 5.413.171 euros, incluyen la compra de mascarillas, guantes, gafas e impermeables y la contratación del servicio de logística y equipamiento, esto es, hospitales de campaña, ordenadores portátiles para el personal del Centro de Atención a Usuarios (CAU) y servicio de seguridad en las instalaciones del parque de maquinaria de la Junta de Castilla y León en el polígono industrial San Cristóbal (Valladolid). Las compras de EPIS, Equipos de Protección Individual, han consistido en 3.500.000 unidades de mascarillas quirúrgicas, 200.000 unidades de mascarillas FFP2 y 600.000 unidades de mascarillas tipo 1 de TST SMS, cuyo importe ha ascendido a 4.258.958 euros; 40.000 unidades de guantes de látex, 1.920 unidades de guantes TNT 92-67 y 1.251.000 unidades de guantes de nitrilo, por un importe de 274.996 euros; 50.000 gafas y 100.000 impermeables médicos de un uso, por un importe de 186.340 y 634.766 euros respectivamente.
La contratación urgente del servicio de logística y equipamiento ha incluido hospitales de campaña, ordenadores portátiles para el personal del Centro de Atención a Usuarios (CAU) y el servicio de seguridad en las instalaciones del parque de maquinaria de la Junta de Castilla y León en el polígono industrial San Cristóbal (Valladolid), por un importe de 58.110 euros.
La emergencia de la contratación ha venido justificada en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Su artículo 6 habilita a cada Administración a conservar las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y, sin perjuicio, de lo establecido en los artículos 4 y 5. En este sentido, la Ley 4/2007 de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León determina que con el objetivo de garantizar la prestación integral, eficaz y homogénea en toda la Comunidad, la Junta de Castilla y León establecerá los recursos humanos, financieros y materiales para el funcionamiento integral y coordinado del Centro de Castilla y León 1-1-2, el centro de asistencia ciudadana y los correspondientes servicios de asistencia, siendo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la competente en la materia. Dada la necesidad de hacer frente, de manera urgente, a la pandemia generada por el citado virus fue necesaria la adquisición de diferentes componentes de equipos de protección individual, así como de diversos equipamientos para gestionar la situación de emergencia, lo que justificó la tramitación por la vía de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de ocho contratos de suministros y uno de servicio relativo a la seguridad en el parque de maquinaria.