l Partido Popular incluirá en su programa electoral una norma para evitar que el conocimiento del idioma cooficial sea un requisito excluyente a la hora de acceder a un empleo público, sino simplemente como un mérito, tal y como ha defendido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La próxima semana, CSIF mantendrá un encuentro con Andrea Levy, vicesecretaria del PP, para trasladarle este y otros asuntos en el ámbito de las administraciones públicas que el sindicato considera relevantes para el debate político, de cara a las próximas elecciones generales.
El presidente del CSIF, Miguel Borra, llevó la propuesta para limitar la exigencia de las lenguas cooficiales hace casi justo un año a la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico del Congreso de los Diputados, donde alertó de los efectos negativos de esta situación, especialmente en los ámbitos de la sanidad o la educación.
Borra se hizo eco de las quejas recibidas en ámbitos como Baleares, donde se han producido casos de ‘fuga’ de sanitarios a otras comunidades autónomas o la exclusión de oposiciones; o Comunidad Valenciana, donde CSIF tumbó con un recurso el decreto del plurilingüismo que discriminaba al castellano en la educación.
En esta última comunidad, CSIF también tiene recurrida la expulsión de interinos de bolsas de trabajo en la educación por no poseer la capacitación del Valenciano, o la primacía de esta lengua cooficial en las comunicaciones administrativas y en la atención al público).
CSIF también abandera la defensa del castellano frente a la imposición de la lengua cooficial como requisito discriminatorio en Cataluña (CSIF defiende el papel de la Alta Inspección del Estado en la Educación) o País Vasco, una comunidad donde puntua más el conocimiento del euskera que un doctorado cum laude a la hora de acceder a la función pública.
CSIF defiende los estatutos de autonomías y el uso de las lenguas cooficiales como no puede ser de otra manera, si bien es preciso recordar que la Constitución establece que los españoles tienen el derecho y el deber de usar el castellano. Por tanto, al exigir las lenguas cooficiales, se está introduciendo una barrera al acceso a la Función Pública.