La Administración General del Estado paga de media un 25 por ciento menos a sus empleados públicos en relación a las comunidades autónomas por el mismo puesto, lo que pone de manifiesto la discriminación de un colectivo de 230.000 personas, que se sienten maltratadas por sus responsables, en este caso, el Gobierno de España.
El conjunto de las administraciones públicas han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 20 por ciento en los últimos años como consecuencia de los recortes. La Administración General del Estado además, sufre un desfase adicional que es preciso compensar de manera paulatina. Con este estudio, CSIF pone de manifiesto "la necesidad de retomar las negociaciones en materia salarial interrumpidas en septiembre, tras la crisis institucional en Cataluña". De lo contrario, el sindicato no descarta iniciar movilizaciones.
Mañana mismo el sindicato abordará esta problemática con el Grupo Parlamentario Popular y en los próximos días con Ciudadanos. El propio presidente del Gobierno señaló recientemente a medios de comunicación la conveniencia de equiparar los salarios entre Administración General del Estado y Comunidades autónomas, al igual que se pretende hacer en el caso de Guardia Civil y Policía.
Según un estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, estas diferencias retributivas oscilan entre los 1.000 de menos que cobra un personal laboral en labores de mantenimiento y servicios; y los 21.600 euros de menos que cobra un funcionario A1 (titulado superior) respecto al País Vasco.
Con la disminución de efectivos, desde 2010, se ha producido una pérdida de masa salarial acumulada de 1.657,7 millones de euros que podría invertirse en esta equiparación salarial. CSIF entiende que, como mínimo, en el próximo presupuesto debería de consignarse una partida de fondos adicionales en torno a los 500 millones de euros.
Por este motivo, junto a las negociaciones que se mantienen abiertas con Hacienda a nivel general, CSIF inicia una campaña reivindicativa, en la que trasladará esta información a organizaciones políticas (ya se han reunido con PSOE y Podemos).
CSIF ha emplazado a los ministros de de Hacienda y Función Pública e Interior a mantener una reunión sobre este asunto lo antes posible. Además, llevarán a cabo diferentes medidas de presión en el caso de que el Ministerio de Hacienda no favorezca la negociación.
Se trata de un informe de gran complejidad, teniendo en cuenta los múltiples conceptos salariales, grupos, tipologías de empleados públicos y la dispersión y falta de transparencia de los datos.
En el caso de personal funcionario, el estudio de CSIF compara las retribuciones de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón y Galicia, incluyendo así las comunidades históricas, y las que se entienden significativas por su número total de empleados públicos y la ratio por habitante. Y en la Administración de Justicia, con todas las comunidades transferidas.
Analizan todos los grupos (titulaciones), con el nivel máximo (responsabilidad) al que pueden llegar, descartando los niveles 29 y 30 correspondientes a altos cargos, asesores, personal de libre designación etc, y el valor salarial que más se repite (moda) sumando los conceptos de sueldo base, complemento de destino y complemento específico (penosidad, especialidad, disponibilidad…)
Han descartado la parte de la nómina correspondiente a la antigüedad por ser un concepto individual, los trabajos extraordinarios (por no existir datos sobre los criterios de reparto) y la productividad (una cantidad discrecional por la que se premia o valora una determinada labor de la que las Administraciones tampoco hacen públicos los datos). Estos conceptos retributivos harían incluso que la diferencia entre administraciones fuera mayor.
En el caso de Instituciones Penitenciarias se compara con Cataluña, única comunidad autónoma donde está transferida la competencia. En este caso, reclamaman igualmente el mismo trato y dignificación que a la Guardia Civil y Policía, también dependientes del Ministerio del Interior.
En el caso del personal laboral (personal de oficios sin potestad administrativa de generar derechos y obligaciones para los ciudadanos), la comparación se realiza entre Madrid, Andalucía y Extremadura, por ser estas autonomías muy significativas por el número total de personal de este tipo contratado.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios