La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha realizado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años.
Además, la Sanidad requiere un plan adicional, con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.
CSIF considera que este refuerzo –destinado para las plantillas de la Sanidad, Educación, Justicia, Administración General del Estado—debe estar contemplado en el Plan de Recuperación del Gobierno.
Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Sdministración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes.
El informe de CSIF hace un diagnóstico en los diferentes ámbitos partiendo de la base de que en los últimos 10 años se han destruido 100.916 puestos de trabajo. Asimismo, repasamos indicadores como el incremento de la población mayor de 65 años, las diferencias en inversión y ratios de profesionales respecto a la media europea o el incremento de asuntos pendientes en la Justicia.
Estas son las necesidades registradas por el sindicato
Administración General del Estado: 43.700 plazas.
Educación: 43.393 plazas.
Justicia: 19.299 plazas.
Sanidad. Este último sector requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea y recuperar los niveles de calidad con los que se planteó el Sistema Nacional de Salud desde sus inicios y que hoy se encuentran seriamente deteriorados, como ha quedado evidente en esta pandemia. Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales.
Desde CSIF coincidimos con el Gobierno en la necesidad de diseñar un plan de reconstrucción social y económico y un comité de evaluación porque como no nos hemos cansado de denunciar estos años, se han debilitado los servicios públicos que definen nuestro Estado del Bienestar. Por eso, desde nuestra responsabilidad, queremos sentarnos ya a trabajar sobre un plan de recursos humanos para el conjunto de las administraciones.
CSIF considera que las administraciones públicas deben ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, también mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía.
Mientras tenemos estas necesidades estructurales en nuestra sanidad, escuelas, SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias o en los juzgados, hemos comprobado que la Administración General del Estado destina en asesores 55.805.512,86 euros al año, según datos oficiales recabados por CSIF. Con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la TGSS, nuestras cárceles o nuestros juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más.
A estas cifras habría que añadir el gasto en asesores en el resto de administraciones, como las diputaciones, comunidades autónomas o ayuntamientos. Sirva este apunte para reflexionar sobre el destino de los recursos que destina el Estado, con todo lo que puede conllevar en estructuras paralelas, gastos superfluos, etc y la necesidad de repensar nuestras necesidades.
PROPUESTA SALARIAL
Por otra parte, CSIF ha presentado un estudio económico sobre la pérdida retributiva de los empleados/as públicos en el periodo 2010-2020. El estudio analiza la pérdida producida en los diferentes conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico, trienios, etc) de los principales grupos de las administraciones públicas (A1, A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.
El estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros.
Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente.
En definitiva, los empleados/as públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010. Por ello, reivindicamos un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.
Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo. Exigimos la apertura de la negociación de inmediato.
CSIF recuerda que el colectivo de empleados/as públicos ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la pandemia y hoy sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como la educación, la sanidad o las prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en dificultades.