La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dirigido una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, para reclamar una reunión urgente, donde se aborden las consecuencias de la crisis por la guerra en Ucrania sobre las administraciones públicas.
CSIF manifiesta su preocupación por la crisis energética, la escalada de los precios, la situación económica española y el empobrecimiento de las personas trabajadoras. Por ello, considera que se debe planificar una respuesta para proteger a las administraciones públicas, y que ciudadanos y empleados públicos no salgan perjudicados de esta situación ante eventuales recortes.
CSIF iniciará la próxima semana una ronda de contactos con formaciones políticas, para promover un acuerdo que blinde a administraciones y servicios públicos, ante las medidas económicas que previsiblemente se van a adoptar.
En todo caso, considera urgente realizar un plan de recursos humanos para reforzar ámbitos clave del Estado del Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia), así como áreas sensibles como el SEPE, la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, Fomento, Comunicaciones, Investigación, entre otros). “En definitiva, planteamos un plan siendo conscientes de que nuestras administraciones y servicios públicos se han visto mermados y debilitados tras años de recortes, y debemos garantizar las ofertas de empleo público”, subraya
CSIF cree que las administraciones públicas también son un motor de crecimiento, creación de empleo de calidad y cualificado, así como una palanca para la modernización y prosperidad del país. “Son garantes de la equidad y en los momentos de crisis son más necesarias que nunca”, recalca.
“Desde nuestra independencia y responsabilidad, entendemos que las diferentes formaciones políticas y agentes sociales debemos consensuar una estrategia que permita afrontar esta crisis sumando todos los esfuerzos. Y CSIF ofrece su colaboración en nuestro principal ámbito de actuación, las administraciones públicas, así como nuestra interlocución para aunar posiciones”, afirma.
Por último, requiere al Gobierno un pacto de rentas. CSIF recuerda que los empleados públicos ya han perdido más de un 12 por ciento en la última década. Y esta pérdida se ha agravado con la inflación.
“No vamos a aceptar que los empleados públicos sean de nuevo los paganos de la crisis. Si fuera así, saldríamos a las calles con movilizaciones para defender nuestras condiciones laborales. Por ello insistimos en la necesidad de un acuerdo para recuperar a medio plazo el poder adquisitivo”, afirma CSIF.
Precisamente, CSIF Castilla y León crítica y denuncia el incremento salarial del 4,2% en 2022, que la Mesa de las Cortes autonómicas ha aprobado para sus siete miembros y los portavoces de los grupos, que acercan su retribución a los 98.000 euros. CSIF lamenta la falta de transparencia con la que se ha llevado a cabo, y espera que las Cortes actúen en consecuencias, para incrementar las retribuciones de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, que acumulan años de reducción de su poder adquisitivo, y han tenido que sacrificarse con un aumento del 2%.