La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas reclamó hoy al Ministerio de Educación que impulse una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única en el conjunto de las comunidades autónomas para garantizar la igualdad de oportunidades, con conocimientos básicos comunes para toda España, ante la situación de excepcionalidad que ha generado esta pandemia. La única decisión al respecto ha sido retrasar la prueba, realizándola entre el 22 de junio y 10 de julio. CSIF entiende que hay que negociar la forma de compensación de este trabajo extra de los docentes.
CSIF –que exige por otra parte que se consensuen las decisiones con los sindicatos- considera decepcionante el resultado de esta reunión porque se deberían de haber tenido en cuenta diferentes escenarios sobre las evaluaciones en los diferentes ciclos de la educación, así como respecto al calendario escolar, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay sobre la evolución de la pandemia.
Asimismo, desde CSIF piden a Educación y comunidades autónomas que garanticen la incorporación de los 27.789 docentes previstos en la convocatoria de oposiciones de 2020. En el caso de que prosperen las propuestas para la suspensión de estas oposiciones este año, estas plazas deberán sumarse a las que se convoquen en 2021. CSIF exige que se convoquen ahora los procedimientos selectivos para garantizar estas plazas, aunque se posponga la fecha de realización al 2021.
De esta manera, en 2021 se convocarían las plazas de infantil, primaria y secundaria y otros cuerpos.
En estos momentos, tanto los estudiantes como los docentes de todas las etapas educativas y de las Universidades de las distintas CCAA están demandando unidad de acción y siguen pendientes de una respuesta coordinada para afrontar el curso con todas las garantías.
Los docentes, por su parte, se han adaptado a los nuevos métodos y al nuevo escenario de enseñanza por vía telemática con total profesionalidad, asegurando el derecho a la educación del alumnado y minimizando los efectos de la interrupción de las clases presenciales.