La Central SindicalIndependiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a denunciar que existendeficiencias o ‘agujeros’ en los protocolos que se aplican en los centros educativosfrente al COVID-19, y que la Consejería de Educación no está siendo lo suficientementeágil en solucionarlos, como los que afectan a los ayudantes técnicos educativos(ATES), que suman unos 70 en Valladolid, para alumnos con atenciones especiales.
Desde CSIF exponen el casode un centro educativo en Valladolid donde se ha confinado una clase por unpositivo en COVID-19. Sin embargo, hay alumnos que salen de esa clase, por tenernecesidades educativas específicas, los cuales, unos por edad y otros por sus discapacidades,tienen grandes dificultades para llevar y mantener las mascarillas durante la jornadaescolar, tanto en centros de educación especial, como en centros ordinariosdonde hay alumnos de integración y aulas CLASS (aulas específicas para alumnoscon necesidades de comunicación y lenguaje y también para niños con diversidadfuncional). Estos alumnos se relacionan entre sí y, posteriormente, vuelven asus respectivos grupos de origen.
El trabajo realizadopor el personal que atiende a este alumnado y que tiene un contacto directo conellos, colaborando muchas veces en las necesidades más básicas de los mismos y,por supuesto, sin poderse mantener la distancia personal de seguridad enespacios cerrados, “no es correctamente valorado por la Administración en estasituación. Especialmente dificultoso es para las ATES (ayudantes técnicoseducativos), que realizan las rutas escolares en el transporte escolar, peronos encontramos también con fisioterapeutas, enfermeras, etc.”, recuerda CSIF.
En la actualidad,incluso en las visitas realizadas por un técnico de prevención de la Junta, se recomendóel uso de mascarillas FFP2 para este personal de atención directa, desoyéndose estapetición hasta el momento.
Desde el comienzo decurso, este personal está recibiendo la mascarilla quirúrgica dejando al arbitriode los diferentes equipos directivos el uso de mascarillas FFP2. Muchostrabajadores, viendo lo indispensable de la utilización de esta medida deprotección, se están viendo obligados a costearse ellos mismos las mascarillasFFP2 con el fin de proteger su salud y evitar convertirse en vector detransmisión de un posible contagio por COVID-19.
Desde CSIF recuerdanque estos profesionales están en contacto con alumnos que no pueden utilizarmascarilla o que lo hacen de forma muy poco eficiente, y por tanto no se cumpleel principio en el que si todos llevan mascarilla quirúrgica el riesgo sereduce ostensiblemente, que es obligación de la Administración el proteger lasalud y seguridad de sus trabajadores con medios eficaces, que los trabajadoresno podrán soportar el coste de las medidas de protección, (puestos que sonactualmente estos trabajadores los que costean de su bolsillo estas mascarillas)como así lo indica la ley 31/1995 de Riesgos Laborales, y que hay que prestarespecial atención si se confina un grupo de alumnos por un positivo y sedesprecian los contactos que se hayan podido producirse en el centro educativode esos alumnos con otros grupos y profesionales.
“No se puede dejar alarbitrio de los equipos directivos la implementación de directrices. Es laConsejería de Educación, convenientemente asesorada, la que debe marcar lasdirectrices y no dejar todo el trabajo a los equipos directivos, que sólo deberíanresolver las necesarias adaptaciones a los centros”, concluyen desde CSIF.