La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a denunciar que existen deficiencias o ‘agujeros’ en los protocolos que se aplican en los centros educativos frente al COVID-19, y que la Consejería de Educación no está siendo lo suficientemente ágil en solucionarlos, como los que afectan a los ayudantes técnicos educativos (ATES), que suman unos 70 en Valladolid, para alumnos con atenciones especiales.
Desde CSIF exponen el caso de un centro educativo en Valladolid donde se ha confinado una clase por un positivo en COVID-19. Sin embargo, hay alumnos que salen de esa clase, por tener necesidades educativas específicas, los cuales, unos por edad y otros por sus discapacidades, tienen grandes dificultades para llevar y mantener las mascarillas durante la jornada escolar, tanto en centros de educación especial, como en centros ordinarios donde hay alumnos de integración y aulas CLASS (aulas específicas para alumnos con necesidades de comunicación y lenguaje y también para niños con diversidad funcional). Estos alumnos se relacionan entre sí y, posteriormente, vuelven a sus respectivos grupos de origen.
El trabajo realizado por el personal que atiende a este alumnado y que tiene un contacto directo con ellos, colaborando muchas veces en las necesidades más básicas de los mismos y, por supuesto, sin poderse mantener la distancia personal de seguridad en espacios cerrados, “no es correctamente valorado por la Administración en esta situación. Especialmente dificultoso es para las ATES (ayudantes técnicos educativos), que realizan las rutas escolares en el transporte escolar, pero nos encontramos también con fisioterapeutas, enfermeras, etc.”, recuerda CSIF.
En la actualidad, incluso en las visitas realizadas por un técnico de prevención de la Junta, se recomendó el uso de mascarillas FFP2 para este personal de atención directa, desoyéndose esta petición hasta el momento.
Desde el comienzo de curso, este personal está recibiendo la mascarilla quirúrgica dejando al arbitrio de los diferentes equipos directivos el uso de mascarillas FFP2. Muchos trabajadores, viendo lo indispensable de la utilización de esta medida de protección, se están viendo obligados a costearse ellos mismos las mascarillas FFP2 con el fin de proteger su salud y evitar convertirse en vector de transmisión de un posible contagio por COVID-19.
Desde CSIF recuerdan que estos profesionales están en contacto con alumnos que no pueden utilizar mascarilla o que lo hacen de forma muy poco eficiente, y por tanto no se cumple el principio en el que si todos llevan mascarilla quirúrgica el riesgo se reduce ostensiblemente, que es obligación de la Administración el proteger la salud y seguridad de sus trabajadores con medios eficaces, que los trabajadores no podrán soportar el coste de las medidas de protección, (puestos que son actualmente estos trabajadores los que costean de su bolsillo estas mascarillas) como así lo indica la ley 31/1995 de Riesgos Laborales, y que hay que prestar especial atención si se confina un grupo de alumnos por un positivo y se desprecian los contactos que se hayan podido producirse en el centro educativo de esos alumnos con otros grupos y profesionales.
“No se puede dejar al arbitrio de los equipos directivos la implementación de directrices. Es la Consejería de Educación, convenientemente asesorada, la que debe marcar las directrices y no dejar todo el trabajo a los equipos directivos, que sólo deberían resolver las necesarias adaptaciones a los centros”, concluyen desde CSIF.
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