La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este martes que ampliará la querella que presentó a finales del pasado mes de marzo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con las cifras de incremento de contagios entre el personal de la sanidad, junto a la distribución de mascarillas no homologadas. En su querella inicial, CSIF imputa a Illa delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral por no dotar con el material de protección individual necesario a los profesionales sanitarios que trabajan para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.
En una nota, el sindicato insiste que debe declararse enfermedad profesional a todos los efectos el contagio por COVID entre estos profesionales y ha recordado que, junto a la acción ante el alto tribunal, tambíen ha presentado diferentes denuncias en tribunales de las comunidades autónomas, así como Inspección de Trabajo.
REFUERZO DE PLANTILLAS
A la precariedad de material se suma la falta de efectivos a juicio del sindicato. Según datos de la Seguridad Social conocidos este martes, durante el mes de abril se contrataron 23.328 personas en el sector de la Sanidad.
Esta cifra (a la que se sumarían otras 7.000 contrataciones en marzo) está muy lejos de las 50.000 anunciadas en su momento por el Gobierno y no compensa las miles de bajas por contagios y los 18.320 contratos que se perdieron en la sanidad durante enero y febrero.