CSIF, en referencia a los datos de agresiones registradas hasta el 30 de septiembre conocidos en el Observatorio de Castilla y León, ha afirmado que "sigue siendo un problema serio, para el que la Administración tiene que poner soluciones, sin caer en la complacencia de que ese número se haya reducido.
El sindicato ha valorado los datos, aunque insiste en que "hay que seguir trabajando y poniendo medidas para que los profesionales sanitarios no sean agredidos en el ejercicio de su trabajo de la atención al paciente".
Así, el responsable de Acción Sindical del sector de Sanidad de CSIF en Castilla y León, Javier Hernando, considera que es una "mala noticia" que, de enero a septiembre de 2019, un total de 150 médicos, 139 enfermeras o 61 técnicos de cuidados auxiliares de enfemería (TCAE) haya sufrido agresiones en Castilla y León.
"Seguimos denunciando estos hechos, que tienen que erradicarse de los centros de salud y de los hospitales", ha añadido el responsable del sindicato.
MUJERES Y HOMBRES
Entre el total de agredidos, en el periodo de los nueve primeros meses de este año, 306 han sido mujeres (el 78 por ciento) y 87 hombres (22 por ciento), ha señalado el sindicato.
A este respecto, CSIF ha advertido de una "conclusión curiosa", ya que si se tiene en cuenta el número de trabajadores según sexo, en un sector en el que trabajan más mujeres, la estadística dice que "por primera vez" porcentualmente han recibido más agresiones los varones, con un 1,12 por ciento de los que trabajan, frente al 1,10 de las mujeres.
Para CSIF, "esta circunstancia se debe, seguramente, a que el varón denuncia más que la mujer, ya que ésta por miedo, u otras razones, no denuncia".
Así lo cree Hernando, que afirma que "no se comunican todas las agresiones e incidentes que se producen en los centros sanitarios, por lo que las agresiones verbales o físicas serán más".
Por ello, el presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León, Juán-Carlos Gutiérrez-Rodilla, ha remarcado que hay que poner en marcha más medidas para evitar las agresiones, como las que apunta el propio Ministerio de Sanidad, que son la creación de un Sistema de Información de Agresiones del Sistema Nacional de Salud, establecer protocolos adecuados contra las agresiones, la aplicación de un baremo indemnizatorio por los daños y perjuicios causados o dar más mayor seguridad jurídica a los profesionales y a los pacientes.