Desde la declaración del estado de alarma el pasado día 14 de marzo, la Junta de Castilla y León ha venido promoviendo, a todos los niveles, la reducción drástica de cualquier actividad que sus empleados pudieran desarrollar de manera presencial en las dependencias administrativas, suministrando, a tal fin, nuevas directrices de trabajo e implantando urgentemente diversas herramientas tecnológicas.
Desde los primeros días de la situación de emergencia, las diferentes unidades y órganos administrativos adoptaron las medidas necesarias para evitar cualquier reunión física y reducir de manera significativa el número de empleados presentes en las oficinas. Con este mismo objetivo, en el boletín oficial extraordinario del sábado 12 de marzo se publicaba un Acuerdo sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma, en el que se instaba a las diferentes Consejerías a “definir aquellos puestos que por su contenido, funciones o interrelación con otros, se consideren necesarios para garantizar la prestación imprescindible de los servicios públicos” y se facilitaban las “modalidades no presenciales de trabajo”.
Como consecuencia de todas estas previsiones, ha llegado a multiplicarse por seis el número de empleados de la Administración regional que desarrollan sus funciones mediante un sistema de acceso remoto al puesto de trabajo. Si el día 10 de marzo contaban con esta posibilidad 1.000 trabajadores de la Junta (en torno al 6 %), el 24 del mismo mes la cifra se elevaba a casi 6.000 (37 %). En los próximos días se prevé un mayor aumento.
Dichas cifras y porcentajes están calculados sobre el total de empleados públicos usuarios de la red corporativa de telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, es decir trabajadores con ordenador en su puesto destinados en alguna de las Consejerías o Delegaciones Territoriales, en el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), el Ente Regional de la Energía (EREN) y la Gerencia de Servicios Sociales. Esto excluye del cómputo al personal docente de esta Administración y a los funcionarios de la Gerencia Regional de Salud (SACYL) y del Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL).
No obstante, y dada la amplitud del concepto de “teletrabajo” (que engloba otras muchas modalidades de “trabajo en movilidad” además del acceso remoto “desde casa” al ordenador de la oficina), puede estimarse que actualmente se encuentra teletrabajando la práctica totalidad de los empleados cuyas funciones no requieran ineludiblemente su presencia física en las dependencias administrativas, bien a través de los mencionados sistemas de conexión remota o mediante otras herramientas tales como dispositivos móviles con acceso al correo electrónico corporativo, correo electrónico vía web o software específico para realizar audio o videoconferencias, entre otras.
El impulso del trabajo no presencial ha venido acompañado de diversas actuaciones para mejorar los servicios tecnológicos e informáticos prestados para toda la Administración autonómica por la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En este sentido, cabe destacar la instalación de infraestructuras adicionales, fundamentalmente servidores para soportar el mayor tráfico de red generado en las últimas semanas, y las acciones llevadas a cabo para el refuerzo del Centro de Atención a Usuarios (CAU), habilitando nuevos canales de comunicación que permitan afrontar de manera eficaz el incremento de incidencias de los usuarios. El CAU ha pasado de recibir una media de 250 llamadas diarias de usuarios antes del inicio de la crisis sanitaria a alcanzar las 1.500 en algunos días de la semana del 16 de marzo. Desde el día 16 hasta el 23 han llegado a tramitarse por esta unidad de soporte informático más de 12.000 peticiones e incidencias, de las que casi 6.000 están relacionadas con el acceso y funcionamiento de los sistemas telemáticos de trabajo no presencial.
Una situación tan excepcional como el estado de alarma decretado por la crisis del COVID-19 ha servido para poner a prueba tanto los servicios TIC de la Administración de la Comunidad como a miles de empleados públicos, que, sin estar familiarizados con los sistemas y herramientas de teletrabajo, se han visto obligados por las circunstancias a actualizar sus conocimientos y a mejorar sus competencias y habilidades digitales, lo que supondrá, a corto plazo, una mejora en el funcionamiento y en los servicios prestados por la Junta de Castilla y León.