El Consejo Consultivo de Castilla y León trató en la reunión celebrada hoy, la última de 2020, la ponencia especial para estudiar la conveniencia de que la Administración autonómica incorpore un informe sobre impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de sus normas.
La institución considera que la despoblación del medio rural es “un reto social, político, económico y jurídico”, que produce dificultades y costes de acceso al aprovechamiento equitativo de los recursos y beneficios que pueden derivarse de la aplicación de las normas y políticas públicas promovidas en Castilla y León, según apuntaron fuentes del Consejo Consultivo.
“Como superior órgano consultivo de la Comunidad, la vertiente jurídica del problema tiene un especial significado en cuanto pone a prueba el sistema de derechos reconocido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, constituyendo, en el fondo, un verdadero desafío a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de Castilla y León. Por este motivo, el Consejo Consultivo está ultimando un informe a iniciativa propia sobre este tema”, añadieron.
El reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León contempla la facultad de realizar los estudios, informes o memorias que juzgue oportuno para el mejor desarrollo de sus funciones y atribuye al Pleno, formado por el presidente Agustín Sánchez; los consejeros electivos, María del Valle y Francisco Ramos, y el consejero nato, Juan Vicente Herrera, la competencia de crear comisiones o ponencias sobre asuntos generales o materias específicas de especial relevancia para la Comunidad.