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El Consejo Consultivo y la Universidad de Salamanca colaborarán para promover actividades académicas

Las dos instituciones han firmado un acuerdo que potenciará la participación del PDI y del alumnado de la USAL en actividades académicas específicas de formación, enseñanzas de especialización, investigación y transferencia del conocimiento

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El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCYL), Agustín S. de la Vega, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, han firmado un Acuerdo Marco de colaboración que potenciará la participación del personal docente e investigador y del alumnado de la USAL en acciones de formación del Consejo y del personal de éste en actividades académicas específicas de formación, enseñanzas de especialización, investigación y transferencia del conocimiento.

El Consejo Consultivo es una institución de Castilla y León, con sede en Zamora, que vela a través de sus dictámenes y resoluciones por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, salvaguardando los derechos de los ciudadanos y coadyuvando a que las distintas administraciones consultantes adopten sus acuerdos conforme al principio de legalidad.

Asimismo, posibilita la organización conjunta de actividades formativas, la realización de prácticas de grado y posgrado en la institución y la constitución de becas de formación en materias relacionadas con las competencias del Consejo. El Acuerdo Marco también recoge la participación del personal del Consejo y del Tribunal en proyectos de investigación de la Universidad y su promoción y especialización en estudios de master y doctorado.

En el acto, Agustín S. de Vega, ha recordado que cuando tomó posesión señaló que entre sus principales objetivos está impulsar la colaboración con la Universidad explicando que, como jurista y miembro de la comunidad educativa, considera prioritario estrechar los vínculos para colaborar en la recíproca transferencia del conocimiento. De acuerdo con la Agenda 2030, en su opinión, es fundamental la creación de alianzas entre instituciones para la generación de conocimiento, contexto en el cual el órgano consultivo puede desarrollar un papel determinante en el fortalecimiento del vínculo entre teoría y práctica ofreciendo una mejora de la calidad de la formación, una mejora de las prácticas educativas y un mejor servicio a la sociedad.

De este modo, se ha referido a que con esta firma se establece un permanente y amplio cauce de colaboración para impulsar diversas actividades enmarcadas en el apoyo a las universidades de la Comunidad y en la contribución a la excelencia de su actividad docente e investigadora. Además, ha subrayado que el Consejo Consultivo y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León cuentan con personal altamente especializado y cualificado que desarrolla una intensa actividad.

Jornada de Trabajo

El Consejo Consultivo, institución encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, salvaguardando los derechos de los ciudadanos y coadyuvando a que las distintas administraciones consultantes adopten sus acuerdos conforme al principio de legalidad, está realizando una jornada de trabajo en Salamanca.

El presidente, Agustín S. de Vega, los consejeros, Valle Ares y Francisco Ramos, y los secretarios del Consejo y del TARCCYL, María García Fonseca (letrada jefe) y Luis Gracia, están manteniendo en la USAL la habitual reunión del superior órgano consultivo de la Administración de la Comunidad y la del TARCCYL, órgano de fiscalización previa de la contratación pública en la Comunidad, adscrito al Consejo Consultivo de Castilla y León.

En este sentido, el presidente ha indicado que es la primera jornada que se realiza fuera de la sede posibilitando con este encuentro acercar la realidad cotidiana de la institución a la sociedad salmantina y de Castilla y León, una de sus prioridades. En esta jornada se han abordado 20 expedientes, fundamentalmente referidos a responsabilidad patrimonial y al ámbito sanitario, y se han resuelto 10 recursos de contratación.

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