El documento titulado “Procedimiento para la gestión enfermera de la demanda en Atención Primaria” elaborado en abril de 2017 por la Dirección General de Asistencia Sanitaria de Sacyl, basado en un acuerdo previo entre la propia Consejería de Sanidad y el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León y Satse, supone una reorganización unilateral del proceso asistencial para encubrir las sobrecargas asistenciales que soporta el medico en AP, transfiriendo competencias propias del mismo al personal de enfermería.
Es, por tanto, tal y como señalaba recientemente CESM Castilla y León, un claro ejemplo de intrusismo profesional que, a parte de sus consecuencias desde el punto de vista penal, disminuye la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, contribuyendo al deterioro progresivo de la Atención Primaria en nuestra Comunidad Autónoma.
Es un programa en el que, tal y como aseguran, se confunde intencionadamente el triaje, como herramienta de asignación de prioridades asistenciales en función de las necesidades de los pacientes, y la consulta de enfermería que viene ya funcionando en todos los centros de salud, con la “gestión de la demanda” que en realidad es una consulta médica al incluir en sus actividades el diagnóstico y, en ciertos casos, el tratamiento de procesos que apriorísticamente se catalogarán por la enfermería como de baja complejidad.
Desde el Consejo Oficial de Colegios de Médicos de Castilla y León instan a la Consejería de Sanidad a la retirada inmediata de este programa, a la vez que advierten al personal de enfermería que participe en el mismo de la grave situación a la que se enfrentan, desde la óptica de la responsabilidad profesional, al realizar actividades para las que no están habilitadas legalmente según lo dispuesto en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias vigente a día de hoy.
Así mismo, manifiestan su disposición a personarse como acusación particular en cuantas demandas se presenten por los pacientes como consecuencia de esta modalidad asistencial, además de las acciones legales que interpongan para salvaguardar el ejercicio de las competencias propias y exclusivas de su profesión.
Por otro lado, también manifiestan su total disposición para articular, junto con otras organizaciones profesionales médicas, con la Consejería de Sanidad y las Organizaciones Profesionales de la Enfermería, las acciones que sean necesarias para desburocratizar y hacer más resolutiva la Atención Primaria, mejorar su calidad asistencial y fomentar el trabajo en equipo en los Centros de Salud, todo ello desde el respeto a las competencias propias de cada profesión sanitaria como la mejor garantía para defender el derecho de los pacientes.