El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) muestra su disconformidad con algunas de las decisiones adoptadas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación a la situación de crisis sanitaria causada por el coronavirus, ya que "el CGPJ deja la decisión de suspender las vistas a criterio de cada uno de los jueces", explica el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo.
La orden del CGPJ estipula que los jueces son los encargados de decidir la suspensión de cualquier acto judicial colectivo, salvo los que sean de urgente necesidad por afectar a los derechos fundamentales. Además, el protocolo del CGPJ no habla de la paralización de los plazos procesales, un extremo que exigen los abogados de la Comunidad para las personas en riesgo en condiciones análogas a las que se producen durante los meses de agosto en todos los órdenes jurisdiccionales y con las mismas excepciones contempladas durante el periodo vacacional anual.
"La medida debe prolongarse durante el mismo periodo en que lo hagan las restricciones sanitarias en términos generales como los cierres de centros de docencia, fomento del teletrabajo, etcétera; y extenderse en la misma duración", argumenta el presidente del CACYL.
Medidas para las personas de riesgo
Los abogados exigen la suspensión de señalamientos cuando alguno de los letrados se vea implicado en una situación de aislamiento por un posible caso de contagio (aunque todavía no se conozca el resultado del test de presencia vírica), así como cuando alguno de los abogados involucrados en el proceso pertenezca a los grupos de riesgo: embarazadas, personas con enfermedades graves, insuficiencias cardíacas severas o diabetes, entre otras. Los colegios de abogados de Castilla y León han acordado distintas medidas para evitar la propagación del virus como la supresión del requisito de vestir toga en cualquier acto procesal. "Se trata de una vía de transmisión tan directa que no puede quedar al albur de recomendaciones genéricas", explica Sanz Orejudo.
Abogados de oficio
Otra de las medidas adoptadas está dirigida a los abogados del Turno de Oficio: la obligatoriedad de que las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia provean las fórmulas para limitar el contacto de los abogados de oficio con sus clientes y, en el caso de ser imprescindible, se les dote de todo el material profiláctico recomendado para el personal de las fuerzas de seguridad y de los juzgados, y se respeten las distancias de seguridad, habilitando para ello salas más amplias y prohibiendo la atención en calabozos.
Fomentar el teletrabajo
Además, el CACYL insta a los despachos colectivos y a las empresas donde trabajan un elevado número de colegiados a que fomenten en la medida de sus posibilidades el teletrabajo y a que pongan en marcha todas las medidas de higiene y prevención que emiten a diario las autoridades sanitarias. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León apoya las decisiones preventivas adoptadas por todos los colegios y, tras haber suspendido todas las actividades formativas y reuniones que impliquen desplazamientos, recomienda continuar adoptando medidas en el mismo sentido.