El respaldo al decreto ha sido casi total y solo EH-Bildu y BNG se han abstenido. Además, se ha rechazado su tramitación como proyecto de ley, por lo que no habrá opción a modificar su redacción vía enmienda.
Aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 14 de abril, el decreto ley amplió del 20 de abril al 20 de mayo la presentación de la declaración trimestral del IVA y el pago fraccionado de Sociedades e IRPF para 3,4 millones de autónomos y pymes con una facturación inferior a 600.000 euros, el 95% del total, lo que tendrá un impacto de 3.558 millones en la liquidez de estos colectivos.
LA OPOSICIÓN LAMENTA QUE SOLO DURE UN MES
Pese al apoyo de la Cámara, la oposición ha criticado como "insuficiente" el aplazamiento, y le ha recordado que se aprobó el mismo día que expiraba el plazo para las declaraciones domiciliadas, a través de varios portavoces fiscales, como Víctor Valentín Píriz, del PP, o María Muñoz, de Cs, que ha reclamado extender a todas las empresas este aplazamiento.
"Corto y tardío", ha abundado Ferrán Bel, de Junts, que le ha recordado cómo varios grupos emplazaron al Gobierno a llevar a cabo esta medida desde el inicio de la crisis del coronavirus, mientras que Víctor González Coello de Portugal (Vox) ha lamentado que el aplazamiento sólo "hace la horca un poquito más larga" a pymes y autónomos.
José María Mazón, del PRC, ha propuesto a Montero directamente, aprobar una prórroga similar a la decretada en su comunidad, Cantabria: lo que dure el estado de alerta, y un mes adicional, y así no aprobar un plazo "corto" y sujeto a nuevas prórrogas.
Por su parte, Txema Guijarro, de Unidas Podemos, ha destacado la "enorme tensión" a la que somete esta medida en las cuentas públicas, y que se traducirá en más déficit y deuda, y para el cual ha reivindicado "el eje Calviño-Montero" pues considera que "es hoy más importante que nunca para que este Gobierno funcione" de cara a la búsqueda de soluciones a nivel europeo a esta crisis.