Diferentes representantes de la comunidad educativa han mostrado su recelo sobre la sugerencia planteada por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de grabar en aulas y despachos para evitar los abusos sexuales a menores en el entorno educativo, y exponen que esta medida confronta con el derecho a la intimidad de escolares y docentes.
Desde el ámbito estudiantil, el presidente de la Confederación Estatal de Estudiantes CANAE, Carlos López, afirma a Europa Press que a la propuesta de la Fiscalía "le falta concreción" y supondría tener que "equilibrar el derecho a la intimidad y a la privacidad con la lucha efectiva contra los abusos sexuales".
"Utilizar las tecnologías contra el abuso es una buena noticia, pero siempre que se respeten estos derechos", expone López, que reclama un plan nacional contra el abuso escolar con medidas preventivas impulsadas por las administraciones públicas.
Por parte de las familias, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal, rechaza la sugerencia de la Fiscalía y desconfía del control que podrían tener las imágenes grabadas en los centros educativos.
"Somos contrarios a esa medida porque no va a favorecer el clima del centro, y por la protección de datos. No sabemos quién va a utilizar esas imágenes y para qué, y cuando hablamos de grabar a menores hay que pedir consentimiento a las familias", explica Cardenal en declaraciones a Europa Press, mostrándose partidaria de "tomar otras medidas" contra el abuso a menores.
El presidente de CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero, ha señalado que la medida debería ser "consensuada y estudiada por todos los agentes sociales involucrados en la educación de los más jóvenes". "Y para ello nos tenemos que reunir", ha apostillado.
Además, Caballero ha afirmado que su organización han mantenido conversaciones con el Ministerio de Educación para pedir el funcionamiento del Observatorio de la Convivencia Nacional, que de acuerdo a sus palabras, "lleva cinco años parado" y en el que también está la Fiscalía de menores, para ayudar a combatir los abusos sexuales.
SINDICATOS DOCENTES, EN CONTRA
La reacción de algunos sindicatos docentes ha sido todavía más contundente. Por ejemplo, de CSIF, cuyo responsable de Educación, Mario Gutiérrez, ha calificado de "barbaridad" lo que considera una "ocurrencia" de la Fiscalía. Para el presidente del sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), Nicolás Fernández, se trata de una medida "totalmente desproporcionada e ilegal porque en los centros los alumnos son menores que están bajo el amparo de la ley del menor".
Además, Fernández ha recordado que desde su sindicato ya se reunieron con la Agencia de Protección de Datos y desaconsejaron esta medida porque "no se debe vulnerar la intimidad del joven" y ha recordado que esta propuesta también afectaría a los docentes al verse cuestionada su labor educativa. "En los domicilios también se producen este tipo de actos, entonces ¿qué hacemos?, ¿poner también cámaras en sus casas?", se ha cuestionado.
Por su parte, el presidente de Escuelas Católicas, José María Alvira, considera que la posibilidad de grabar estos espacios cerrados "no es la solución". "Un aula no es un sitio en el que se cometen los delitos que se mencionan. Por tanto, esa posibilidad no me parece lo más indicado. La alternativa es la formación y educación", ha señalado.
"Es un tema complicado", afirma Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), mostrando las dudas de algunos sectores del ámbito educativo. "Soy partidario, como es natural, de la máxima transparencia, pero no sé si es buena política estar grabando todo el rato todo el mundo, es una cuestión que habría que estudiar", sostiene el presidente de esta patronal de centros educativos.
Lo que afirma la Fiscalía
Según sostiene la Fiscalía en su Memoria, los abusos sexuales contra menores se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. "Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios", apunta.
En este contexto, la institución hace hincapié en la "dificultad" de la actividad probatoria de un ilícito que se mueve "en un entorno de extrema intimidad en su ejecución" y donde existe "una connotación de vergüenza" por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial.
"Este rechazo inicial propicia incluso la desaparición de pruebas, de manera que el inicio final del proceso se da en situaciones difícilmente reversibles por la pérdida de un trascendental bagaje probatorio", argumenta.
Para evitar esto, el Ministerio Fiscal sugiere que se "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados --como despachos, aulas--, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones".
Medidas contra delincuentes sexuales
Una media de 577 condenados por delitos sexuales pretenden trabajar con niños en España cada año, pero son detectados por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, que se puso en marcha en marzo de 2016. Así, en los tres últimos años, se ha evitado que 1.730 personas puedan ejercer de profesores o monitores de tiempo libre, entre otros trabajos, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.
Todos los ciudadanos que quieran desempeñar una tarea profesional que requiera contacto habitual con menores, deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, tal y como establece Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015.
En 2016, se emitieron 1.985.551 certificados, de los que 534 dieron positivo por delitos de naturaleza sexual; en 2017 se expidieron 1.996.658 documentos, 599 de ellos positivos, y en 2018, 1.994.375, de los que 577 se corresponden con personas condenadas. Desde marzo de 2016 se han expedido 5.976.584 certificados y el 0,03% dieron positivo (unos 1.730).
La comunidad educativa recela de la sugerencia de la Fiscalía de grabar en aulas para evitar abusos sexuales a menores
Diferentes voces señalan que confrontaría con el derecho a la intimidad y a la privacidad de escolares y docentes.
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