"Nos alegra que se haya descartado ese castigo fiscal a las familias, pues casi todas tienen un considerable desembolso mensual en educación", valora en declaraciones a Europa Press el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló.
Según el presidente de la Confederación, que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España, la medida no tenía sentido por ser la educación un "elemento de primera necesidad". Además, en la mayoría de países de la Unión Europea, la educación privada está exenta de pagar este impuesto, según recuerda. "No tiene sentido poner IVA a los comedores escolares o las escuelas infantiles, que son un elemento clave para tantas familias de clase media y trabajadora", añade.
También la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) aplaude que se haya descartado incluir en los PGE esta modificación tributaria. Sin embargo, piden que esta medida no aparezca a lo largo de la tramitación ni en próximas ocasiones.
"Consideramos que en los debates sobre la educación privada en ocasiones se minusvalora el servicio público que ofrecemos, como si únicamente se tratara de una fuente de recaudación, dejando de lado la gran incidencia que la medida tendría en las familias, en la sociedad y el papel tan importante que juega el sector educativo en la modernización del país", comenta a Europa Press la directora general de CICAE, Elena Cid.
A su juicio, sería más productivo para el país que, en lugar de discutir sobre la posibilidad de encarecer la educación para las familias, se trabajase para canalizar de forma eficaz los fondos de reconstrucción europeos destinados a la I+D+i, a la digitalización de la educación y a la mejora de la propia formación que se brinda a los alumnos.