En el tercer año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, ha continuado creciendo notablemente el número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos frente a denegaciones de acceso a información pública dirigidas a la Administración autonómica y local, a entidades integrantes del sector público de ambas y a corporaciones de derecho público, como son los colegios profesionales.
En 2018 se han recibido 314 reclamaciones, es decir 112 más que en el año anterior y más del triple de las presentadas en 2016, primer año de funcionamiento de la Comisión. De estas 314 reclamaciones, 188 se refirieron a denegaciones de información pedida a entidades locales (de las cuales 141 correspondieron a los ayuntamientos de la Comunidad); 84 se presentaron frente a la Administración autonómica; y 8 en relación con la falta de información por parte de alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. En 114 ocasiones los ciudadanos utilizaron medios electrónicos para la presentación de su reclamación. Aunque se ha reducido el porcentaje de reclamaciones interpuestas ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información (se ha pasado del 80% al 70 %, aproximadamente, del total de las presentadas) todavía han sido 223 las reclamaciones planteadas frente a desestimaciones presuntas.
En aquellos supuestos en los que la reclamación se presentó frente una resolución expresa, los motivos que, con mayor frecuencia, han sido utilizados para denegar la información fueron la protección de datos personales, la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada, el carácter repetitivo o abusivo de la petición y la falta de posesión de la información. El tipo de información solicitada por los ciudadanos que ha motivado sus reclamaciones es muy diverso; no obstante, las dos grandes materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones son las relativas, por un lado, a cuestiones referidas al personal de la Administración (en especial a funcionarios de la Administración Autonómica); y, de otro, a la actividad económica, presupuestaria y de contratación de las entidades locales.
También ha experimentado un notable crecimiento el número de resoluciones adoptadas por la Comisión de transparencia: en 2018 han sido 226 las resoluciones acordadas, por las 155 de 2017. De estas 226 resoluciones, en 94 de ellas se estimó en todo o en parte la petición del ciudadano de acceder a determinada información y, por tanto, se requirió al organismo afectado para que suministrara la misma. En 65 ocasiones las resoluciones estimatorias se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 21 de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las Consejerías de la Junta de Castilla y León (11 más que el año anterior). Estas resoluciones son ejecutivas y deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los tribunales. De hecho, en 2018 se ha presentado un nuevo recurso judicial frente a una Resolución de la Comisión, que se añade a los tres presentados en 2017, encontrándose todos ellos pendientes aún de ser resueltos.
Como ejemplos de algunas de estas resoluciones (cuyo contenido completo es publicado en la Web), se puede señalar que a través de ellas se ha instado a la Administración autonómica a que facilite los datos correspondientes a las gratificaciones extraordinarias percibidas por el personal directivo o de mayor responsabilidad, así como los relativos a las retribuciones y autorizaciones de compatibilidad de un alto cargo; igualmente, se ha señalado a la misma Administración que debía proporcionar los datos sobre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que habían sido solicitados; se ha requerido a una sociedad mixta municipal para que proporcione información a un ciudadano sobre su contratación; o, en fin, se ha instado a un Ayuntamiento para que dé acceso a la información relativa a su contratación de personal laboral.
Por otra parte, es destacable también este año que hasta en 52 ocasiones (9 más que en 2017), una vez que ha intervenido la Comisión ante la reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta y se ha proporcionado el acceso a la misma.