El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) declara su descontento ante las medidas adoptadas para la reanudación de la actividad judicial tras el parón provocado por la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19. Los nueve colegios de abogados de la Comunidad exigen de forma unánime la reactivación de los juzgados y tribunales, y denuncian la falta de criterios homogéneos en los distintos ámbitos territoriales durante la desescalada judicial. Los letrados castellanos y leoneses reclaman además la dotación de los medios personales y tecnológicos necesarios para la vuelta al trabajo, reiteran su rechazo a la habilitación del mes de agosto y manifiestan su compromiso con la ciudadanía.
La paralización casi total de la actividad de los juzgados y tribunales desde la declaración del estado de alarma provocará, según los profesionales, un previsible incremento de litigios durante los próximos meses, por lo que una de las exigencias de la abogacía de Castilla y León es la recuperación inmediata del funcionamiento normal de la Administración de Justicia. “La interrupción prácticamente absoluta de este servicio público redunda en perjuicio del derecho constitucional a la tutela judicial de los ciudadanos”, como señala el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo.
La falta de criterios claros y homogéneos en los distintos ámbitos territoriales de la Administración de Justicia es otro de los principales problemas que señalan los letrados de la Comunidad con respecto a la reanudación de la actividad judicial. Además, desde el CACYL exigen la dotación de los medios personales y tecnológicos necesarios para que la vuelta al trabajo se lleve a cabo de manera inmediata y eficaz. “Es de suma importancia que contemos con las garantías suficientes para la seguridad y la salud tanto de los ciudadanos como de los profesionales”, indica Julio Sanz.
La abogacía de Castilla y León muestra nuevamente su absoluto rechazo a la habilitación del 11 al 31 de agosto para todas las actuaciones judiciales, medida aprobada en el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril. “Esta decisión supondrá una mayor ralentización durante los meses anteriores y posteriores ocasionada por el disfrute de vacaciones de jueces, magistrados, fiscales y los letrados, funcionarios y personal de la Administración de Justicia”, matiza el presidente del CACYL.
Por último, la abogacía de Castilla y León manifiesta su compromiso con la ciudadanía y reclama su derecho al ejercicio efectivo de su actividad profesional como servicio a la sociedad en interés público y en orden a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia.