El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León 2019, presentado esta mañana en Valladolid es un retrato de la realidad social en la que nos encontramos en la actualidad. Es el fruto de la investigación realizada por la Fundación FOESSA a través de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2018, elaborado por más de 500 personas comprometidas con la realidad de los más desfavorecidos.
El número de personas en exclusión social en Castilla y León es de 368.000, es decir, el 15,3% de la población se encuentra dentro de la sociedad estancada. Pero dentro de exclusión social existe un grupo de 99.000 personas especialmente vulnerables afectadas por la acumulación de problemas, que conforman la sociedad expulsada.
Hoy en 2019 ya no vivimos una situación similar a la del 2007. Guillermo Fernández Maíllo, coordinador de la investigación y miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, señala que “nos encontramos en un momento de clara mutación social. Un tiempo donde las brechas que se están produciendo están hipotecando nuestro futuro, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobierno, las instituciones públicas, la gestión insolidaria de la crisis o las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el individualismo”.
Desde 2013 a 2018 la exclusión social solo se ha reducido un 7,5%, mientras que en el conjunto de España ha sido superior al 25%.
Vivienda digna
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias. En nuestra comunidad la vivienda es el primer generador de dificultades en la sociedad: el 20,2% de la población en exclusión está afectada por esta dimensión. Hay 143.000 personas que residen en una vivienda insegura, lo que significa que no tienen contrato de arrendamiento o que tienen notificaciones de desahucio, y 164.000 personas lo hacen en una vivienda inadecuada, es decir, que no reúne las condiciones para la habitabilidad.
Empleo
La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en considerar el empleo como un privilegio y no como un derecho. La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida estructural en nuestra sociedad. De hecho, el 13% de las personas que trabajan en Castilla y León se encuentran en situación de exclusión social.
A pesar de la reducción progresiva del desempleo, la escasa fortaleza del empleo en Castilla y León se percibe en dos indicadores: la exclusión social afecta en mayor medida a los trabajadores a jornada completa, y que 1 de cada 4 personas en la comunidad tienen que combinar los ingresos de su empleo con los de protección social.
Relacionado con el nivel de ingresos, hay que destacar que los hogares castellanoleoneses tienen menor capacidad de afrontar sus deudas que en el conjunto del país. Más del 38% de la población afectada por retrasos en el pago de recibos no podrá hacer frente a ese gasto en mucho tiempo.
Salud
La dimensión de la salud es la más determinante en el ámbito de la exclusión social de Castilla y León. El 58% de la población castellanoleonesa en situación de exclusión se encuentra afectada por este factor. La unión de una mayor edad media del conjunto de la población y de la edad avanzada de personas con determinadas carencias en el ámbito de la salud están siendo determinantes.
Como dato a tener en cuenta es que en 54.000 hogares de la comunidad han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por motivos económicos.
Población envejecida
El aumento de la edad de la población castellanoleonesa supone un reto para todos. En palabras de Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas Castilla y León, “es imprescindible un apoyo de todos los sectores sociales para que podamos reducir la intensidad de este tipo de exclusión. Programas donde la comunidad cercana tenga un papel relevante y no se deje solo en manos de las familias”.
Los ponentes incidieron en que la gravedad del incremento de la exclusión más severa en Castilla y León “nos debe impulsar a saltar a programas más integrales”, que no son competencia exclusiva de una sola Consejería. Vivienda, ruralidad, salud, empleo, ingresos mínimos, son necesidades, que dado el nivel de acumulación que se está produciendo en un sector cada vez mayor de nuestra Comunidad, deben ser abordadas de forma conjunta… “Las intervenciones que no sean integrales no están consiguiendo frenar la exclusión social”, concluyeron.