Coincidiendo con la recuperación económica, que ha favorecido la recuperación del desempleo, ha tenido lugar un retroceso de los índices de pobreza. Así lo señala el informe ‘Un empleo contra la exclusión’ de la Fundación Adecco, que analiza e interpreta los datos del informe AROPE en su relación con cifras oficiales de la EPA y una encuesta elaborada a 120 personas desempleadas y en riesgo de exclusión, que han encontrado recientemente trabajo.
Así, por tercer año consecutivo, se registra una caída en el índice de riesgo de pobreza en Castilla y León, con una tasa de pobreza del 18,4% en 2017, el valor mínimo de la última década. Se destaca la bajada de 5 puntos respecto al año anterior (23,2%), así como la diferencia respecto al índice de pobreza a nivel nacional, que es del 26,6% y aún no ha recuperado los valores de los tiempos precrisis, algo que en Castilla y León sí se ha conseguido (en 2008 era de 21,4%).
De esta manera, el informe señala el paralelismo, especialmente en el inicio y final de esta última década: “Así se ve en el número actual de desempleados, que se ha visto reducido hasta los 125.100 parados, once mil menos que en 2008 (136.100). De la misma manera, el índice de pobreza recupera en el último año (18,4%) la cifra de hace una década (en 2008 era 21,4%)”.
Es por ello que se resalta la importancia del empleo “como indicador para medir el bienestar social y la madurez de una sociedad, siendo el activo por excelencia para combatir las situaciones de pobreza y exclusión”. Así, el desempleo se convierte en el desencadenante de todas las situaciones de pobreza y exclusión social. En este punto se sitúan por ejemplo, familias que tienen que subsistir con ingresos inferiores a 684 euros, el umbral de la pobreza, o que no puedan afrontar gastos básicos como la vivienda o la calefacción.
¿Quiénes se consideran en riesgo de pobreza y exclusión?
Según Arope, son aquellas que cumplen, al menos, uno de los siguientes criterios:
- Vivir en un hogar con una renta inferior al umbral de la pobreza (el 60% de la mediana de la renta nacional, fijada en 2016 en 684 euros mensuales).
- Estar en privación material severa, no pudiendo afrontar, al menos, 4 de los siguientes gastos: vivienda, calefacción, vacaciones, alimentación básica, gastos imprevistos, teléfono, televisor en color, lavadora o automóvil.
- Vivir en un hogar con baja intensidad de trabajo (inferior a 0,2), definida como la relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros de la unidad familiar y el número total de meses que podrían trabajar, como máximo, todas las personas en edad laboral de dicho hogar.