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​Ayuntamientos y diputaciones conocen el balance de los programas de conciliación y las nuevas medidas

Se ha analizado además el destino de los 20 millones de euros del Fondo Covid-19 para ayudar a las entidades locales a sufragar los gastos generados en servicios sociales durante la pandemia y las medidas establecidas por la Junta de Castilla y León para compensar las pérdidas a los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía por la aplicación del Ingreso Mínimo Vital

Ayuntamiento y Junta firman el convenio 'Conciliamos'

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, IsabelBlanco, ha mantenido un encuentro telemático con los representantes de lasnueve diputaciones y de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de laComunidad, para dar a conocer las últimas medidas en materia de conciliación dela vida familiar y laboral aprobadas por la Junta de Castilla y León.

Precisamente, y debido a la situación originada por laCOVID-19, ha sido necesario reforzar los distintos programas que se veníanprestando con el objetivo de facilitar la atención de los menores y mayoresdependientes y conjugar dicha atención con el desempeño de la laborprofesional.

Blanco ha anunciado la implantación de dos medidas novedosasen materia de conciliación para cuidar a los menores de 12 años que tengan queser confinados a causa del COVID-19, en los casos en los que los progenitoresno puedan hacerse cargo de ellos por motivos laborales, ni cuenten con nadieque les pueda ayudar. Unas medidas a las que la Junta de Castilla y León va adestinar 3 millones de euros, que serán tramitadas por los CEAS y quepermitirán a las familias contar con una persona de apoyo en el cuidado demenores o personas dependientes.

La primera de estas ayudas se basa en un cheque servicio quepermite a través de una cuantía económica de pago único, la contratación de uncuidador cuando el menor de 12 años deba permanecer confinado en casa porCOVID-19 o contacto directo y sus progenitores por motivos laborales no puedanpermanecer en el domicilio para cuidarle. La segunda medida contempla una ayudaa domicilio para asumir situaciones puntuales en los que es necesario dispensarun apoyo concreto a los menores.

La solicitud también se realizará a través del CEAS y setendrá que aportar la documentación acreditativa de que se reúnen los mismosrequisitos que se exigen en las prestaciones económicas a familias para lacontratación de cuidadores.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades haanunciado a los representantes de las entidades locales que, en los próximosdías, se tramitará un Decreto Ley para regular en el ámbito de los serviciossociales, estas medidas de carácter urgente para responder a dificultadeseconómicas de las familias que precisen contratar cuidadores informales paraatender a sus hijos menores de 12 años afectados por confinamientos escolares yotra para personas dependientes.

Durante el encuentro celebrado esta mañana se ha analizadoel destino de los 20 millones de euros del Fondo Extraordinario COVID-19 quepermitirán potenciar los servicios de proximidad como la teleasistencia y laayuda a domicilio, financiar los gastos generados con motivo de la crisissanitaria entre ellos los que se han registrado en los centros residenciales dela Comunidad, las ayudas destinadas a las familias, a los menores, a lasvíctimas de violencia de género y los gastos originados para garantizar laalimentación infantil y para que las personas sin hogar puedan cubrir susnecesidades más básicas. Asimismo, se abrió la posibilidad de flexibilizar eluso de estas partidas en función de las necesidades concretas de cada una delas entidades locales.

Además, en dicha reunión se ha presentado el “Marco Comúnpara la aplicación del Plan de respuesta temprana en un escenario de control dela pandemia por COVID-10 en el ámbito de los servicios sociales noresidenciales” del Gobierno Central y la gestión de los expedientes desituación de dependencia.

Finalmente, Isabel Blanco ha recordado también a lasentidades locales que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno Central, noreduce beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de Castilla yLeón y ha reiterado que, en algunos casos la ayuda estatal es hasta 700 eurosinferior a la autonómica. Por este motivo, y para que los beneficiarios noresulten perjudicados, la Junta de Castilla y León ha iniciado los trámitespara modificar la Ley que regula la RGC y como paso previo aprobó la semanapasada la concesión directa de subvenciones por importe de 211.000 euros para267 perceptores de dicha renta con la prestación suspendida al tener reconocidoel IMV. Una cifra que se irá actualizando conforme se vaya incrementando elnúmero de casos.

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