“Sabemos que hubo algo irregular en las obras del bosque de Valorio en el año 2003 porque fuimos nosotros los que denunciamos el caso. Sabemos también que Europa pidió el reintegro de una cantidad cercana a novecientos mil euros. Sabemos que el Tribunal Superior de Justicia desestimó la demanda al considerar caducado el caso. Y sabemos que el Ministerio de Hacienda retuvo en su día al Ayuntamiento de Zamora 383.000 euros como provisión para hacer frente a esa sentencia que podía ser contraria a los intereses del Consistorio”, así explicaba el alcalde de Zamora, Francisco Guarido el transcurrir de los acontecimientos con respecto a un caso que se remonta a los primeros años del nuevo siglo.
Ahora, con la sentencia favorable al Ayuntamiento de Zamora, el Ministerio de Hacienda no devolverá esa cantidad de 383.000 euros al Consistorio al argumentar que la misma sentencia del TSJ que daba como “caducado” el proceso, no derogaba ese expediente abierto por las instituciones europeas. “Los abogados del Ayuntamiento ya están trabajando para reclamar por vía judicial ese dinero que pensamos que pertenece al Consistorio”, finalizaba Guarido.
Podas en Valorio
Por su parte, el concejal Romualdo Fernández salía al paso de las críticas vertidas por el Partido Popular sobre una supuesta “tala masiva” de árboles en Valorio: “Se trata de una operación normal, no una poda masiva ni indiscriminada. Es una labor de mantenimiento para la seguridad en el bosque que todavía seguirá las próximas semanas. Se realiza durante todo el invierno, aunque se ha precipitado por los últimos vientos. Se habían caído tres pinos y por eso hemos acelerado la operación, por seguridad para los ciudadanos”.
El Juzgado dicta que no hubo prevaricación de dos empleados municipales en el caso del antiguo matadero
Por otra parte el alcalde, Francisco Guarido, dio cuenta de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Zamora, por la que se desestima una denuncia por presunta prevaricación presentada contra los que eran entonces gerente de urbanismo y tesorero del Ayuntamiento por uno de los proveedores de la empresa Cadarso XXI, que entro en concurso de acreedores antes de finalizar las obras del antiguo matadero municipal. El denunciante pretendía cobrar su deuda de las cantidades pendientes de liquidación por parte del Ayuntamiento, mientras que los funcionarios municipales actuaron correctamente al poner dichas liquidaciones a disposición del Juzgado mercantil encargado del concurso.