El Ayuntamiento ha realizado un comunicado público para aclarar diferentes cuestiones en torno al desahucio de un madre vecina de Zamora y sus dos hijos menores. En este sentido aseguran que el informe elaborado por el Técnico de Servicios Sociales con los datos recabados por los Trabajadores Sociales y otros especialistas de los Servicios del Ayuntamiento de Zamora ha sido determinante para el cuarto aplazamiento del desahucio dictado por el Juzgado.
De la misma manera, aseguran que "el trabajo permanente de los empleados municipales de Servicios Sociales ha permitido encontrar una vivienda de alquiler disponible para esta familia, puesto que será avalado y financiado por el Ayuntamiento durante el tiempo necesario hasta que se adjudique por parte de la Junta las viviendas disponibles en este momento".
El Ayuntamiento, a través del departamento de Servicios Sociales, "ha estado pendiente de la familia, ha propuesto distintas soluciones y ha garantizado que ni esta familia ni ninguna otra en situación de desahucio por impago de alquiler se “queden en la calle”. Algo que no es más que cumplir con su trabajo y sus obligaciones".
Sin embargo, informan de que "miestras han realizado su trabajo han sido objeto de duras críticas, como lo ha sido también este Equipo de Gobierno, por parte de colectivos de apoyo a esta familia". Ni desde el punto de vista profesional ni desde el político han querido responder "a valoraciones de incompetencia, tratos vejatorios, maltrato institucional, falta de sensibilidad o petición de dimisiones, por respeto a las personas en situación de necesidad", aseguran.
Desde el Equipo de Gobierno lamentan que la situación de vulnerabilidad de esta familia "se haya hecho pública, sobre todo porque hay menores afectados y víctimas de violencia de género; mostramos nuestra consideración y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales municipales; y agradecemos la labor de concienciación y movilización de la PAH de Zamora en la sociedad, pero les instamos a que respeten el derecho a la privacidad de las familias y personas en situación de necesidad y demandantes de vivienda, no sólo en cumplimiento de la legalidad, sino por respeto a su dignidad".