La Asociación de Fiscales ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que expresa su “profunda preocupación y malestar” tras hacerse público que la Generalitat de Cataluña estaría controlando y haciendo seguimiento del contenido de los dispositivos informáticos utilizados, para el desarrollo de su actividad profesional, por los fiscales y jueces que ejercen en esta comunidad autónoma.
La Asociación de Fiscales subraya que estos ordenadores “contienen información reservada y relevante, así como datos personales objeto de especial protección”. Por ello, la asociación pide a la Fiscalía General de Estado que realice las “oportunas gestiones para averiguar estos hechos” y, al mismo tiempo, exija al gobierno catalán “que se abstenga de realizar conductas que puedan suponer una injerencia en el derecho al entorno digital de fiscales y jueces, “afectando estos comportamientos al derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales”.
Mecanismos de protección
Asimismo, la AF considera que la Fiscalía General del Estado, junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debe exigir al Ministerio de Justicia “la implantación de un nuevo sistema informático único en todo el territorio nacional y común para jueces y fiscales, que esté libre de toda injerencia de los poderes públicos y dotado de los adecuados mecanismos de protección”. De hecho, esta es una de las reivindicaciones que la Asociación de Fiscales viene planteando reiteradamente en los últimos años sin que, por el momento, el Ministerio de Justicia haya considerado oportuno sentarse a discutir esta medida.
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