La equiparación salarial respecto a los funcionarios de prisiones del País Vasco y Cataluña no es la única reclamación que tiene la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de las Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario entre las prisiones. Y es que también se antoja necesario un aumento del personal.
Así lo concreta a este medio el delegado sindical de Acaip, Valentín Ortiz, quien estima que Topas se ha visto afectada muy por ese déficit de plantilla, “especialmente el área de vigilancia”, donde faltan unos 110 efectivos. Esto supone, en porcentaje, “casi el 37% en relación a los puestos de trabajo”.
Es decir, que hay el 63% de la plantilla que debería haber, explica Valentín Ortiz, quien también recuerda que ese déficit es “bastante grande” también en otras áreas, cifrándose en torno al 25% en muchas de ellas como las áreas de oficina, mixta o sanitaria.
Y es que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “no viene cubriendo de manera general ni particular” las vacantes que va habiendo, lo que ha supuesto además que el Centro Penitenciario de Topas sea “el que tiene la media de edad más alta de todos los centro penitenciarios de España”, asegura Valentín Ortiz.
Todo ello provoca que la labor de los funcionarios de prisiones, que consiste en “salvaguardar la vida y la seguridad de los internos”, se haya visto “seriamente comprometida”, una denuncia que Acaip ha puesto en conocimiento tanto del antiguo subdelegado del Gobierno como del actual.
Sin una oferta de empleo pública acorde a las necesidades
Ese déficit de personal se viene arrastrando de años anteriores, ya que “desde la crisis económica no ha habido una oferta de empleo pública acorde a las necesidades de las instituciones”, lo que ha arrastrado a Topas a la situación actual. Un “mal endémico” que se produce en todas las prisiones de España, pero “especialmente en la nuestra”, asegura Valentín Ortiz.
El delegado sindical de Acaip sí que reconoce que el centro de Topas, actualmente, no está masificado “como lo estuvo en 2009, cuando llegó a contar con 1.900 internos”. Actualmente rondan los 800, y se tienen dos módulos residenciales cerrados.
Pero eso no significa que todo esté correcto, puesto que “con ese déficit de personal tan grave, no damos cobertura a todo lo que se necesita por parte del centro penitenciario”, e incluso tienen “una carga de trabajo mucho mayor que hace unos años, aun teniendo menos internos”, porque “las responsabilidades que se nos ofrecen son mayores que las que realmente deberían ser”.
Y es que Valentín Ortiz detalla que “en un módulo donde debería haber dos personas, hay una; y donde debería haber cinco, hay tres”, explica respecto al área de vigilancia, que es la que más contacto tiene con los internos. Ese menor número de personas por módulo se debe a que “no hay más plantilla”.
“Eso es así”, sentencia Valentín, que además remarca la “nula oferta pública” que ha habido tanto de plazas nuevas como las ofrecidas en traslados, por lo que sienten que han sido “abandonados a nuestra suerte por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”. Una situación que se puede volver más caótica todavía en el período vacacional, y es que el delegado sindical de Acaip cree que van a tener “verdaderos problemas para disfrutar de nuestras vacaciones porque los servicios hay que cumplirlos, y menos de los mínimos no se puede bajar”.
No se están cubriendo las responsabilidades reales por parte del Ministerio del Interior
Valentín Ortiz recuerda que ni en 2013 ni en 2014 se ofertaron plazas en el área de vigilancia, en 2015 “unas pocas”, en 2016 cerca de 200, el año pasado hubo unas 500 “y este año van a sacar 700 plazas”. Pero eso para toda España, algo que es insuficiente, porque “si tú vas acumulando que no sacas oferta pública o sólo sacas 70 plazas en 2015, y se te jubilan 400, no estás cubriendo las responsabilidades reales”, explica.
Esos datos son del Ministerio del Interior, que tiene reconocidas unas 3.000 plazas de déficit en instituciones penitenciarias, una situación que como reitera, es especialmente grave en Topas “por la media de edad”.
Y es que en el salmantino, que comparte con Zamora, cerca del 75% de los trabajadores “de todas las áreas se encuentran entre los 50 y los 60 años”, mientras que esa regeneración o rejuvenecimiento que esperan no llega, tampoco a través del concurso de traslados. “Este año han llegado poco más de una decena de personas, y para el área de vigilancia van solamente la mitad, por lo que con seis personas no arreglamos nada, ni siquiera le ponemos un parche”, insiste el delegado sindical de Acaip.
Otras de las ‘soluciones’ que les han dado es “mandar funcionarios en prácticas” de la promoción de 2016. Pero esos compañeros “que hacen su trabajo tienen que estar acompañados de un funcionario de carrera, porque están en un periodo formativo y, por tanto, están exentos de responsabilidades”, detalla.
“Están en prácticas”, resumen Valentín Ortiz, que actualmente numera a 23 compañeros pero que “no pueden hacer los servicios solos”. Al Ministerio del Interior “también se le llena la boca diciendo que sólo hay 800 interinos mientras que el centro está pensado para 1.200”, algo que “no es cierto, porque inicialmente se diseñó para 1.008 plazas”. Pero lo que recuerda el delegado sindical de Acaip es que “no puede haber una bajada de servicios”, ya que todo el centro, desde la cocina hasta las comunicaciones, tienen que seguir funcionando.
Por ello, “aunque el volumen haya bajado, que es cierto, tenemos que seguir realizando los mismos servicios”, porque “da igual dar de comer a 800 que a 1.200 si tiene que haber cocineros”, y recuerda que los funcionarios “no van en función del número de internos, sino de los puestos de trabajos que hay que cumplir”. Sienten, así un abandono total por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
“Si hay más funcionarios puede que nos ayude a evitar posibles incidentes”
Por último, Valentín Ortiz recuerda que “hay situaciones que no se van a evitar ni aunque tuvieras 2.000 funcionarios. Los internos están presos por algo, pero a veces toman decisiones que no se ajustan a cómo tiene que ser una convivencia dentro del centro”, pero si cree que “si hay más funcionarios, puedes desarrollar una observación más directa y eficaz que nos ayude a evitar posibles incidentes”.
Pese a esa suposición, insiste en que no se puede hacer la extrapolación de “a más funcionarios, menos problemática”, si bien también reitera que “en el día a día, el que haya no mayor número de funcionarios, sino el que tiene que haber, el control podría ser mayor”, recalcando que en un módulo de multireincidentes debería haber cinco o seis personas”, algo que actualmente no se cumple.