Así lo ha dado a conocer este organismo dependiente del Ministerio del Interior en una nota de prensa, en la que explican que en el último procedimiento penal ha sido el propio sindicato que presentó la denuncia (ACAIP) el que ha solicitado el sobreseimiento de la causa.
Instituciones Penitenciarias determinó en noviembre de 2018 repartir entre casi 5.700 trabajadores de ese organismo el remanente del complemento de productividad que constaba en su presupuesto anual.
Dicha resolución fue recurrida por ACAIP, así como por otras organizaciones sindicales, que no estaban de acuerdo con el reparto. Finalmente los recursos o denuncias se han desestimado y archivado con razonamientos tales como que "la aprobación de una paga de productividad a quienes han trabajado más allá de lo inicialmente exigible no es un acto injusto, ni arbitrario, ni infundado, ni quiebra la legalidad".
En un procedimiento contencioso-administrativo sí que se estimó la pretensión de las organizaciones sindicales al apreciar el órgano judicial un defecto de forma imputable a la Administración Penitenciaria.
La paga de productividad de 2018 se repartió entre 6.679 funcionarios, abarcando en su distribución a todas las áreas y puestos de trabajo, tanto en los centros penitenciarios como en los servicios centrales. Mientras que en el año anterior, 2017, se beneficiaron del reparto 804 funcionarios.